Convoque a los colaboradores de Nisman, en sesión reservada, para conocer los fundamentos de las acusaciones presentadas por el fiscal.

La fiscal de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, Viviana Fein, hizo un llamado general: “A los que hayan recibido noticias del doctor Nisman  y hayan tenido conversaciones en la semana previa al deceso, les pido que se presenten en la fiscalía y colaboren conmigo. No puedo entender que no se acerquen a la fiscalía. Yo necesito saber quien es quien”.

La macrista Patricia Bullrich, que reconoció haber hablado con el fiscal antes de su muerte, en varias oportunidades, para acordar detalles de la frustrada presentación ante la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que ella preside (pactada para el día después de su muerte) y que fue unas de las primeras que llegó a la torre Le Parc de Puerto Madero, donde vivía Nisman,  para hacer declaraciones a la prensa tras el conocimiento de su muerte, aun no se presentó a declarar. Pero ya anunció su nueva jugada: la convocatoria secreta y a puertas cerradas en la Cámara baja de los colaboradores de Nisman. Un pedido que firmaron cinco candidatos presidenciales opositores en una declaración política a la que solo asistió uno de ellos. Y no fue precisamente Mauricio Macri.

El documento dado a conocer el viernes en el sindicato de la opositora Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) y bajo el sustento del Club Político Argentino lleva la rúbrica de Macri, Sergio Massa, Hermes Binner, Ernesto Sanz y José Manuel De la Sota, pero solo el socialista santafesino (Binner) acudió a la cita en la que el macrismo llevó la batuta.

El texto del documento plasmado en cinco puntos reclama a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que “garantice el mantenimiento incólume del equipo de trabajo de la fiscalía” de Nisman y la “protección de las personas que lo conforman”. Además de pedidos de “garantías” en la “preservación de actuaciones, integridad de pruebas existentes y documentos allanados del fiscal, con copia integral custodiada por la Corte Suprema de Justicia”. Así como el “control” de la Corte Suprema en el “esclarecimiento de la causa AMIA, de las denuncias y del fallecimiento de Nisman, así como la protección de su equipo de trabajo y el resguardo de la documentación”.

Pero el punto clave que introdujo Bullrich en la negociación con el resto de los frentes opositores, fue el pedido a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados (que preside) que “convoque a los colaboradores de Nisman, en sesión reservada, para conocer los fundamentos de las acusaciones presentadas” por el malogrado fiscal.

Una forma de fomentar, luego, una usina de rumores con sus propias opiniones sobre lo que nadie conoció. Como sucedió con la denuncia del ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, que denunció (también en una reunión secreta)  la existencia de una “embajada paralela” ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, que entonces presidía el duhaldista Alfredo Atanasof en nombre del Grupo A, que unió a toda la oposición contra el kirchnerismo en el Congreso.  Entonces se denunciaron “negociados” en Venezuela con al Chavismo, pero Sadous terminó “procesado” y enviado a juicio oral por “falsas denuncias” por la propia justicia que la oposición veneraba.

Bullrich quiere ahora replicar aquella experiencia en plena campaña electoral -por eso consiguió el respaldo de los precandidatos opositores al sillón de Rivadavia-, aunque después la “justicia independiente” que declaman le den la espalda a sus argumentos, aunque ya será demasiado tarde para desmentirlo. Mientras prepara su propia actuación central en el Congreso, Bullrich nada dice “espontáneamente” ante la justicia de sus conversaciones con Nisman en horas previas a la muerte del fiscal.

Mucho menos, que Eduardo, el hermano del supuesto espía iraní Jorge Alejandro Khalil que denunció Nisman antes de su muerte, haya sido nombrado por el macrismo como Director General de Asuntos Jurídicos de la Legislatura Porteña. Ni que el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “El Fino” Palacios, nombrado por Macri y acusado por encubrimiento en la causa de la voladura de la AMIA, tuvo que dejar su cargo luego de las “escuchas ilegales” que ordenó el jefe de Gobierno porteño sobre distintos ciudadanos, entre ellos los familiares de víctimas de la mutual judía, y por lo cual Macri está procesado por la justicia.