Martes 16 de Junio de 2026
La Justicia anuló el aumento de Macri y lo mandó a consultarle a los vecinos
El jefe de gobierno porteño incrementó casi un 30% la tarifa del acarreo de vehículos “sin seguir el procedimiento legal establecido”, dijo el juez y sostuvo que no convocar a una audiencia pública, era motivo de nulidad.
Javier Lema - Redacción Enorsai // Sábado 10 de enero de 2015 | 11:02
Ello pone de manifiesto una evidente contradicción puesto que dos servicios tarifados que fueron referidos de igual modo en la ley reciben distinto tratamiento en lo respecta a su aumento
En un escrito de 15 páginas el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 24, Darío Reynoso, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el legislador Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) que suspendió la suba de 450 a 580 en la tasa a pagar cuando la grúa se lleva un auto mal estacionado.
El magistrado recordó que la ley 210 sancionada en 1999 por la Legislatura porteña indica que “la convocatoria y realización de una Audiencia Pública es obligatoria” cuando “una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un prestador sea considerada, con fundamento como inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial”.
Precisó que “la omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto”.
El juez resaltó la contradicción de la administración macrista que en su web institucional a que la Audiencia Pública “es una herramienta participativa que legitima una decisión” pero el aumento del acarreo se decidió únicamente porque “las empresas concesionarias solicitaron una inmediata actualización del valor de la tasa”.
En ese sentido, y sin ir más lejos, el fallo recalcó que sí habrá una Audiencia Pública no vinculante por el aumento del estacionamiento medido, que se realizará el próximo 3 de febrero a las 11 en el Centro Cultural Adán Buenosayires, ubicado en el centro del Parque Chacabuco.
“Ello pone de manifiesto una evidente contradicción puesto que dos servicios tarifados que fueron referidos de igual modo en la ley reciben distinto tratamiento en lo respecta a su aumento”, apuntó el escrito.
Por todo esto, concluyó que la tasa de acarreo “fue cambiada sin seguir el procedimiento legal establecido”, lo que llevó al juez a suspender el incremento y habilitar la feria judicial para que haya una sentencia firme sobre el tema.
“Parece plausible sostener que resulta más adecuado al interés de la comunidad la preventiva suspensión de la nueva tarifa, mientras el demandado (el gobierno porteño) no acredite fehacientemente que se ha dado adecuado cumplimiento a los recaudos y condiciones constitucionales y legales”, agregó.
Al celebrar que se hizo lugar a su amparo, el legislador Ramal señaló que “es una victoria contra la política de tarifazos confiscatorios en las grúas y peajes”.
“La recaudación del acarreo es una de las cajas negras y sin control del Estado porteño, al igual que AUSA (Autopistas Urbanas) o la Corporación del Sur (corporación que maneja y concesiona terrenos). Lo que logramos hoy refuerza la lucha contra ese saqueo cotidiano a los recursos del presupuesto y del suelo en la Ciudad", expresó.
El valor del acarreo en la ciudad tuvo tres aumentos durante la gestión de Mauricio Macri: en 2008 el servicio que costaba 150 pesos se incrementó en un 40 por ciento, alcanzando los 190 pesos; en 2012 pasó a costar 350 pesos, es decir un 84 por ciento más; y finalmente en 2014 se llevó esa cifra a los 450 pesos que rigen hasta el lunes.
El sistema es manejado por dos empresas; la firma Dakota en la zona norte y BRD en la parte sur; mientras que la primera realiza servicio de acarreo bajo el nombre STO, la segunda lo hace bajo la denominación SEC.
Estas empresas manejan el sistema de estacionamiento medido desde el año 90, renovaron contrato con la Ciudad por última vez en el 2001 y desde entonces no se volvió a concesionar el servicio, en un principio por falta de pliegos de licitación y luego por una medida cautelar.
