El ex titular de la SIDE durante el menemismo, Juan Bautista Yofre, junto a tres periodistas, un militar retirado y un empresario de medios deberán afrontar un juicio oral y público imputados por espionaje y de integrar una asociación ilícita, según lo solicitó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

Domínguez le pidió a la jueza Sandra Arroyo Salgado que eleve a juicio oral una causa por espionaje, asociación ilícita y encubrimiento que tuvo como víctimas a políticos y dirigentes sociales, entre ellos la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otros.

Junto a Yofre, el fiscal quiere que vayan a juicio los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Mainhard y Roberto García; el director del portal “Seprin”, Héctor Alderete; el militar retirado Daniel Reimundes; el empresario Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo Carpintero.

En un extenso escrito, Domínguez aludió a la interceptación de correos electrónicos de las víctimas y la forma de obtención de "información de orden político, social, militar y económico" que debía “permanecer en secreto en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”.

Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2006 y junio de 2008 cuando Yofre; el aún prófugo ex agente de la SIDE Iván Velázquez y Carpintero se dedicaban a la “búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información”.

Entre las víctimas de la maniobra se encuentran, además de la Jefa del Estado y el mandatario bonaerense, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; el canciller Héctor Timerman; su antecesor, Jorge Taiana; el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández y dos ex secretarios privados de la Presidencia.

Los delitos por los cuales Domínguez solicitó que se juzgue a Yofre son los de “asociación ilícita, en calidad de jefe” ya que era él quien determinaba quién "iba a ser objeto de la intrusión y lo hacía a través de Velázquez, Carpintero y también a través de Alderete".

Al grupo se los acusa de encubrimiento agravado por "recibir y aprovechar la información a sabiendas de su origen ilícito" en diversas oportunidades: 29 en el caso de García; 18 en el de Ick; 14 en el de Reimundes; 7 en el de Pagni y 5 en el de Mainhard.

De hecho, en sus artículos en La Nación, Pagni se volvió una especie de especialista en los vaivenes de la Secretaría de Inteligencia.