La Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos

El precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, se sumó a la línea del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien había dicho que "hay que terminar con el curro de los derechos humanos".

Pero en el caso del diputado nacional hay algo más que un simple oportunismo político, surgido de alguna encuesta de opinión. Es que el jefe de campaña de Massa, Juan José Álvarez, mantiene una estrecha relación con Ernesto "Nabo" Barreiro, el ex militar carapintada que recientemente hizo una confesión sobre el destino de los desaparecidos de la última dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla.

Además de haber sido intendente de Hurlingham y secretario de Segurdad de Eduardo Duhalde, Juanjo Álvarez fue miembro de la SIDE. Quien lo acercó a la Secretariía de Inteligencia fue su suegro, el coronel (R) Pedro Mercado, involucrado en el secuestro de la trabajadora social Lucía Cullen.

El cuñado de Álvarez, Pedro Edgardo Mercado, también siguió la carrera militar como su padre y fue detenido y condenado por participar del levantamiento carapintada con Seineldín. Una relación que estrechó los contactos de Juanjo con los carapintadas, incluido el Nabo Barreiro.

De hecho, el jefe de campaña massista puso a Silvia Barreiro, hermana del Nabo, como Directora de Educación de Hurlingham durante su gestión.

En su primer gabinete municipal, Juanjo además lo tuvo como jefe de Gabinete al coronel Carlos Sánchez Toranzo, un militar que visitaba las cárceles de la dictadura para convencer a los presos políticos para que firmaran un papel en el que consignaran su arrepentimiento por su militancia “subversiva”.

Según el periodista Enrique Vázquez, Juanjo Álvarez fue abogado del "Nabo" Barreiro. Vázquez incluso le adjudica a Álvarez haber sacado al prófugo a Barreiro del cuartel donde estaba oculto en el baúl de su automovil, antes de la sanción alfonsinista de la ley de Obediencia Debida.

Barreiro fue quien reveló, durante el juicio que se le sigue en Córdoba por delitos de lesa humanidad, el lugar donde fueron enterrados 25 desaparecidos en el centro clandestino de detención La Perla. Una revelación controversial y cuestionada por los organismos de Derechos Humanos, ya que en realidad intentó deslegitimar el megajuicio de La Perla.

Tras el levantamiento carapintada de Semana Santa en 1987, "el Nabo" -o "el Gringo", como también se lo conocía- fue beneficiado con la ley de obediencia debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Evitó así el juicio, pero fue dado da baja de las filas del Ejército, donde se había especializado en inteligencia militar.

Ahora, de la mano de Juanjo Álvarez, su jefe de campaña, Massa propuso "que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos". Una forma algo sutil de proponer terminar con los juicios a los militares y a los civiles cómplices de la dictadura.

En ese sentido, según informó el diario La Nación, Massa se reunió y cenó perdices y cerdos hace un mes en La Torcaza, residencia que Carlos Pedro Blaquier tiene en las Lomas de San Isidro.

Dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier fue procesado en 2013 por su participación en 29 secuestros y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la provincia de Jujuy.

Sin embargo, por ahora consiguió eludir la posibilidad de ser el primer integrante de la elite empresarial en comparecer a juicio oral y público. Un privilegio que Blaquier pretende estirar y hasta consolidar, sobre todo si Massa llega a la presidencia.