Una vez más el poder Judicial respondió de manera corporativa ante la aplicación de una ley democrática, pero en este caso para proteger al grupo concentrado de medios más grande de argentina.

El juez federal del fuero Civil y Comercial, Horacio Alfonso, avaló el recurso presentado por el Grupo Clarín y suspendió por seis meses la adecuación de oficio iniciada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para que el monopolio cumpla con la normativa en cuestión.

Desde el organismo de aplicación indicaron que apelará la decisión. El presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, consideró que “la Justicia debería preocuparse en exigir que las leyes se cumplan, no en darles herramientas a los grupos concentrados para que las eludan”.

La adecuación de oficio iniciada por la AFSCA fue luego de la presentación realizada por el Clarín, pero dicho plan no cumplía con el requisito indispensable de que las empresas en las que se debía desconcentrar el monopolio no tengan vínculos societarios. Según un estudio del propio organismo de aplicación, esto no se cumplía.

Según informa el diario Página 12, el magistrado consideró que “la adecuación y enajenación compulsiva” de las licencias del Grupo “provocará una grave afectación patrimonial y operativa cuyas secuelas serían de muy difícil o imposible reparación”. El error en el que incurre el Alfonso es que las licencias de las que se debe desprender Clarín no son de su pertenencia sino que es un bien de toda la humanidad, administrado por el Estado.

Las licencias no forman parte del patrimonio del Grupo, sino que lo que posee es la explotación. Algo que en reiteradas veces fue mencionado tanto en el debate parlamentario como lo señalado por el mismo titular de la AFSCA, Sabbatella. Al respecto, indicó que “se discute si hubo suficiente debate o no, si los pasos que se dieron fueron los correctos; nosotros creemos que sí. Pero lo que es seguro y nadie discute es que existen sociedades en varios países que vinculan a quienes decían ser independientes”.

Al tiempo que consideró que la medida judicial responde a la “actitud dilatoria” del mismo Grupo Clarín para evitar la aplicación de la Ley de Medios.