COMETAS EN SANTA FE

Procesaron a un funcionario socialista por corrupción en el puerto

  Un escándalo de corrupción en Santa Fe amenaza con salpicar al socialismo que lidera el senador Hermes Binner y al gobernador Antonio Bonfatti. Un escándalo de corrupción en Santa Fe vinculado a empresas fantasma y contratos truchos perjudica al socialismo que lidera el senador Hermes Binner y al gobernador Antonio Bonfatti.

Procesaron a un funcionario socialista por corrupción en el puerto

Andrés Brown - Redacción En Orsai // Martes 02 de septiembre de 2014 | 12:45

 

Un escándalo de corrupción en Santa Fe amenaza con salpicar al socialismo que conduce el senador Hermes Binner y al gobernador Antonio Bonfatti. Ayer, Marcelo Vorobiof, dueño de una de las empresas constructoras más importantes de la ciudad de Santa Fe y ex representante provincial en el Ente Portuario de Santa Fe, fue procesado por peculado y negociaciones incompatibles en la función pública por una serie de irregularidades al frente del organismo. Según Tiempo Argentino incluyen pagos a empresas fantasmas y contratos ilegales con firmas relacionadas, denunciadas a partir de auditorías de la Sindicatura General santafesina. El ex funcionario había negado los cargos cuando fue indagado el viernes pasado por el juez Jorge Pegassano, a cargo del Juzgado de Instrucción Primera, y sostuvo que el propio Bonfatti “tenía conocimiento” de todos los movimientos que se realizaban en el Ente a cargo de la explotación de uno de los principales puertos del país.
Según denunció la gerenta de Administración y Finanzas, Victoria Lascurain –recibió amenazas provenientes del teléfono particular de Vorobiof–, el ex presidente del ente portuario le ofreció a varios gerentes armar una sociedad para hacer contratos con el organismo.
La investigación que llevó adelante el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, recopiló documentación y pruebas que concluyeron que la firma Rumbo Portuario SRL se creó y, al día siguiente fue contratada por el Ente Portuario de Santa Fe por una suma de $ 813.968 pesos. Inmediatamente, se le adjudicó otra obra por más de un millón de pesos. Rumbo Portuario no tenía inscripción en el Registro Público de Comercio. El yerno de Vorobiof, Sergio Vázquez, revestía como gerente. De otra de las empresas sospechadas de ser una máscara para obtener contratos formaba parte su cuñada. Hasta una persona presa por homicidio aparece como uno de los prestanombres que ingresó como administrador de esa firma.
Tras ganar concursos previos para el desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento y reparación de vías férreas, traslado del apostadero de la Prefectura o la instalación de una secadora de granos, entre otras, Rumbo Portuario dejó de tener actividad.
Su capital social era de tan sólo $ 100, pero se le adjudicó contratos por más de $ 2 millones. tuvo un sólo cliente: el Ente. Tras una auditoría, la Sindicatura General de la provincia concluyó en que la firma no reunía los estándares mínimos de "solvencia jurídica, fiscal, económica, financiera y administrativa".
Después de ese informe, la empresa desapareció en su faz comercial. Los informes son de 2012 y constituyen la evidencia de que Bonfatti debió haber tenido conocimiento de los desmanejos, al ser el Ente un órgano dependiente del Ejecutivo.
Vorobiof recién renunció a su cargo hace dos semanas, cuando su llamado a indagatoria era inminente.
Las autoridades políticas de Santa Fe siempre negaron las irregularidades, que, en parte, fueron reveladas a partir de una investigación de Radio Nacional Santa Fe. Incluso el nombre de Vorobiof aún no fue removido de la página institucional del Ente multisectorial encargado de la administración y explotación del Puerto.
El ahora ex funcionario desembarcó en el cargo de la mano de Binner, quien lo acercó, según afirmó Bonfatti, por recomendación de diputado radical Mario Barletta. Y por influencia de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Con varias firmas a su nombre, Vorobiof preside Pilay SA, una inmobiliaria y constructora de las más pujantes en Santa Fe.
Entre las irregularidades enumeradas por la justicia para considerar su procesamiento se incluyó que los procedimientos de compras era tramitados por concursos privados, casi sin licitaciones y sin siquiera un acto formal de adjudicación. El papeleo se firmaba luego, cuando el contrato ya estaba en ejecución. También se lo acusó de ordenar pagos a Caro Engler, otra empresa sospechada de ser fantasma, por $ 2,4 millones por una obra que apenas se completó en un 26 por ciento. El contrato –que se presume no tuvo conocimiento ni intervención por parte del resto del directorio- fue finalmente rescindido pero con un adelanto del pago del 62 por ciento.
En su remplazo ingresó la firma Mundo Coevic, por lo que Vorobiof le pidió al Casino que funciona en el puerto que adelantara al Ente cánones hasta mayo de 2019 por U$S 698.902 dólares y E 523.275, con una "tasa de descuento" del12 % para completar el fallido contrato.
La obra en la que intervino Mundo Coevic fue pactada en pesos, pero el funcionario pagó en billete verde. Pese a que el Ente atraviesa una difícil situación financiera que lo obliga diferir pagos a otros proveedores, y está además intimado por la AFIP, decidió beneficiar a desarrolladoras inmobiliarias de la zona con bonificaciones en los cánones de entre 50% y 65 por ciento.
El día en que debió renunciar, Vorobiof autorizó un desarrollo inmobiliario denominado "Dique II", en el que dispuso de terrenos del puerto en beneficio de la empresa Cam Construcciones, que está ligada a Pablo Tabares, actual secretario municipal de Producción e influyente miembro de la UCR local, que a su vez aparece involucrado en el escándalo de la sociedad de Bolsa Bolsafe, considerada como la maniobra de fraude económico más importante de la Argentina.

Marcelo Vorobiof, dueño de una de las empresas constructoras más importantes de la ciudad de Santa Fe y ex representante provincial en el Ente Portuario de Santa Fe, fue procesado ayer por peculado y negociaciones incompatibles en la función pública por una serie de irregularidades al frente del organismo.

Las denuncias surgieron a partir de auditorías de la Sindicatura General santafesina. El ex funcionario había negado los cargos cuando fue indagado el viernes pasado por el juez Jorge Pegassano, a cargo del Juzgado de Instrucción Primera, y sostuvo que el propio Bonfatti “tenía conocimiento” de todos los movimientos que se realizaban en el Ente a cargo de la explotación de uno de los principales puertos del país.

Según denunció la gerenta de Administración y Finanzas, Victoria Lascurain –recibió amenazas provenientes del teléfono particular de Vorobiof–, el ex presidente del ente portuario le ofreció a varios gerentes armar una sociedad para hacer contratos con el organismo.

La investigación que llevó adelante el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, recopiló documentación y pruebas que concluyeron que la firma Rumbo Portuario SRL se creó y, al día siguiente fue contratada por el Ente Portuario de Santa Fe por una suma de $ 813.968 pesos, según reveló el diario Tiempo Argentino.

Inmediatamente, se le adjudicó otra obra por más de un millón de pesos. Rumbo Portuario no tenía inscripción en el Registro Público de Comercio. El yerno de Vorobiof, Sergio Vázquez, revestía como gerente.

Su capital social era de tan sólo $ 100, pero se le adjudicó contratos por más de $ 2 millones. tuvo un sólo cliente: el Ente. Tras una auditoría, la Sindicatura General de la provincia concluyó en que la firma no reunía los estándares mínimos de "solvencia jurídica, fiscal, económica, financiera y administrativa".

Vorobiof recién renunció a su cargo hace dos semanas, cuando su llamado a indagatoria era inminente. Las autoridades políticas de Santa Fe siempre negaron las irregularidades, que, en parte, fueron reveladas a partir de una investigación de Radio Nacional Santa Fe.

El ahora ex funcionario desembarcó en el cargo de la mano de Binner, quien lo acercó, según afirmó Bonfatti, por recomendación de diputado radical Mario Barletta. Con varias firmas a su nombre, Vorobiof preside Pilay SA, una inmobiliaria y constructora de las más pujantes en Santa Fe.

Entre las irregularidades enumeradas por la justicia para considerar su procesamiento se incluyó que los procedimientos de compras era tramitados por concursos privados, casi sin licitaciones y sin siquiera un acto formal de adjudicación.

 

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