Hace semanas atrás, el cordobés Aguad, aliado del macrismo en Córdoba y supuesto futuro compañero de fórmula de Mauricio Macri, fue sobreseído porque prescribió la causa

Habitual defensor de los intereses de Clarín en la Justicia, el radical Alejandro Fargosi parece que ha decidido exponer a su par partidario, Oscar Aguad, como ejemplo de medidas que promete el partido centenario en caso de llegar al poder en 2015.

La principal: una Conadep de la Corrupción, imitando el mismo discurso moralista que la Alianza delarruista enarboló para las elecciones de 1999, por no citar ejemplos más dolorosos para el país de décadas anteriores.

Hace semanas atrás, el cordobés Aguad, aliado del macrismo en Córdoba y supuesto futuro compañero de fórmula de Mauricio Macri, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia en la causa que lo tenía procesado por hacer desaparecer 60 millones de dólares cuando fue interventor de la Municipalidad de Corrientes durante la intervención federal que De la Rúa ordenó sobre esa provincia.

Ese sobreseimiento por prescripción fue gestionado por otro radical: Ricardo Gil Lavedra, que ahora está abocado a hacer zafar al multidenunciado fiscal José María Campagnoli (aquí la táctica fue otra: apriete a una de las jueces del tribunal que la llevó a renunciar, además de otras intimidaciones contra otro juez y contra la reemplazante de Campagnoli en la fiscalía de Saavedra-Núñez).

Esta semana, Fargosi, que sigue en el Consejo de la Magistratura a pesar de haber vencido el plazo que se había acordado dentro del radicalismo -traición que en su momento provocó varios roces con la cúpula radical-, escribió en La Nación una columna de opinión donde detalló medidas que buscan seducir el espíritu cacerolero-republicanista de los lectores del diario de los Mitre y Saguier.

"Establezcamos de una vez la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y dupliquemos las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos, excluyéndolos de los beneficios de excarcelación, permuta de penas y reducción del cumplimiento efectivo.

Decomisemos los bienes cuya adquisición no sea justificada -a valores reales- con los ingresos declarados de los funcionarios públicos y sus familias, y anulemos todos sus ingresos que no hubiesen sido los de mercado en el momento en que ocurrieron.

Apliquemos la jurisprudencia de la Corte Suprema, de hace más de 50 años, que admite la nulidad de los fallos judiciales que aunque firmes, sean groseramente contrarios a la ley y a las pruebas de la causa.

Apliquemos las reglas, los parámetros y las consecuencias de la mala praxis a las decisiones de los funcionarios públicos en la evaluación penal de sus actos y omisiones", enumeró.

Nunca tan pertinente pensar qué habría pasado con Aguad si estas medidas hubieran estado vigentes.