Los años pasan, la ciudad crece, se construyen muchos edificios y, cuando los controles fallan, también se caen. Como ejemplo, entre enero de 2009 y agosto de 2012, se produjeron 24 derrumbes en la ciudad, con un saldo de 12 muertos y 67 heridos. El seis de octubre último, otro edificio en construcción volvió a colapsar, dejando cuatro personas heridas, mientras que otros 20 trabajadores que se encontraban en la obra de Ramón Freyre al 2.200 lograron escapar ilesos.

El desastre ocurrió mientras estaban rellenando una losa y la estructura de hierro y madera cedió, arrastrando los andamios y las estructuras que la rodeaban. Había 23 personas en la obra, de los cuales dos, que se encontraban dentro de un contendedor, quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas por los bomberos. Uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo leve. El resto salió del peligro por sus propios medios, excepto cuatro de ellos, que fueron derivados a los hospitales Pirovano y Tornú.

La obra, que se encontraba paralizada por las restricciones impuestas por el Gobierno nacional ante la pandemia, había sido autorizada a continuar en la semana, tras la liberalización en las condiciones establecida por el jefe de Gobierno porteño.

Desde 2007, se cayeron en la ciudad más de 40 edificios en construcción, y la suma de muertos en tales eventos sobrepasa los 40. Las causas son diversas, pero emparentadas entre sí. Materiales deficientes, falta de apuntalamiento en los pozos que se cavan para construir los cimientos y, en todas las ocasiones, inversiones insuficientes para saciar una demanda de viviendas que se destinan, en su mayoría, a la especulación. Porque, en el lado contrario, existe en el mercado inmobiliario un fuerte déficit de viviendas destinadas a hábitat familiar.

No sólo ocurre eso, también suelen saltarse los constructores todos los límites que impone el Plan Urbano Ambiental. Desde el lado del Estado, éste a menudo fue violado por medio de resoluciones originadas en la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, que por un tiempo ocupó Héctor Lostri, un funcionario que se excedía en el uso de la lapicera para firmar decisiones ilegales. Es de destacar que las resoluciones que firmaba este arquitecto acortaban el plazo del trámite que debían seguir, cuando esas excepciones sólo podían ser autorizadas por la Legislatura. Así ocurrió cuando autorizó en 2012 (Resoluciones 105 y 106) la apertura de una casa de fiestas privadas sobre la calle José Antonio Cabrera, en Palermo, que estaba expresamente prohibida por el Código de Planeamiento Urbano. O cuando decidió crear la Ventanilla Única para presentar los planos de obra (Resolución 679/10). Y hay otros casos, como el veto parcial a la ley 2.722/08, que limitaba la altura de los edificios en la zona de Caballito, cercana al Hospital Durand, cuando Lostri quería cambiar la zonificación de R2bIII a E3.

La Ciudad de Buenos Aires está en manos de depredadores urbanos, que no respetan ninguna norma. Ni siquiera se respetan las que dictó la Legislatura porteña, que por estos días se dispone a modificar, como es debido al haber transcurrido diez años de su sanción, el Código de Planeamiento Urbano. Para cambiarlo, antes que nada deberían haberlo respetado alguna vez.

BLINDAJE TOTAL #LaGranEstafa

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— En Orsai (@EnOrsai) October 13, 2020