Vivimos una constante ideologización de la materia objeto de nuestro análisis, sin poder estructurar una política pública capaz de erigirse en política de Estado. A tal fin, sería recomendable analizar los discursos sobre la inseguridad de las últimas cuatro décadas, y también desde ambos extremos ideológicos, en un contexto de creciente inequidad social, en el continente más inequitativo del planeta donde además se han aumentado sistemáticamente las penas, el encarcelamiento y los parches a las leyes.

En este marco, la seguridad es la deuda más flagrante de este tiempo, junto con el desarrollo inclusivo.

A los que plantean que los problemas de la “inseguridad” se irán solucionando cuando alcancemos mayores niveles de equidad social, lamento decirles que estamos muy lejos, y para quienes manifiestan que la “mano dura” y el punitivismo irán solucionando estos desajustes, también les comunico que estas recetas han fracasado en el mundo.

Es el momento para un abordaje distinto a partir de los consensos, en sintonía con la unidad lograda desde la política. La discusión ideológica de la seguridad nos llevará a otro camino sin salida. Al contrario, debe tratarse desde una dimensión técnica que conozca los cimientos del delito y la violencia, para desarrollar la respuesta adecuada ante cada situación.

Por caso, es prioritario revisar autárquicamente el funcionamiento de las agencias gubernamentales de control penal (Policía, Justicia, Servicio Penitenciario), tanto como recrear y fortalecer la herramienta que consensuamos los que formamos parte de los equipos técnicos del peronismo: un Consejo Federal de Seguridad, integrado activamente por las provincias y base virtuosa de cualquier planificación estratégica en la materia.

Desde el conocimiento cabal de la realidad, sin dibujos complacientes para el funcionario de turno, se alcanzará el logro tan deseado, que nuestros compatriotas se sientan protegidos por el Estado. No hay respuestas fáciles; hay que trabajar científicamente y proponerse objetivos posibles, mediatos y de largo plazo. Sólo así se evitarán los artificios que nos llevarán a una nueva frustración.

Por último, en este rediseño de la seguridad pública, camino hacia un nuevo paradigma de seguridad democrática, se debe avanzar en la conformación de un trípode, y junto al Consejo Federal de Seguridad, pensar en dos estructuras organizativas que brinden sustento técnico y profesional al primero. Por un lado, el Observatorio Nacional del Delito y la Violencia (proyecto de Ley presentado oportunamente por el Acuerdo para la Seguridad Democrática), y por otro la Agencia Federal de Seguridad.