Las escuchas de la Justicia Federal a un ex agente de la SIDE incorporadas la semana pasada al expediente que contiene la investigación del crimen de Nora Dalmasso podrían ser la llave para reabrir la causa, aletargada desde hace años por la inacción de su último fiscal, Javier Di Santo, cuyo último acto procesal fue ordenar un juego de fotocopias para los querellantes.

El vuelco que podría tener la investigación reabriría una de las hipótesis más fuertes que tuvo la investigación desde su origen: la del móvil económico, que ubicaría en el centro de las sospechas al viudo Marcelo Macarrón, su vocero Daniel Lacase y el empresario cerealero Miguel Rohrer, alias “el francés”.

Uno de los primeros pedidos del agente de la SIDE José Martínez Luque a su colaborador “Mecha” fue que investigara la situación económica de Rohrer y la ubicación de su teléfono celular el fin de semana que asesinaron a Nora Dalmasso. Apenas consiguió el dato –facilitado por la empresa CTI-, Martínez Luque se comunicó con Amílkar Farías:

-Este… ¿qué te iba a decir? Bueno, esté, ahí lo tengo para pasártelo porque la verdad que a mí no me sirve para nada, pero la ubicación que daba de este tipo es una celda que se llama La Delfina, es un campo cerca de Río Cuarto, al sur de Córdoba.

-Bien, bien, es de Río Cuarto, perfecto.

-Depende de la zona, te marca antena La Carlota, te marca Río Cuarto, yo te lo tengo ahí para que lo leas vos bien. Ahí voy a la oficina y te lo alcanzo en un rato.

Con el dato confirmado, Martínez Luque se comunica con el jefe de la SIDE-Córdoba, Javier Banchs. “Ahí conseguí el tema de las agendas de los contactos de esta chiquita de Río Cuarto”, le dice. Banchs le recuerda que todo lo obtenido por la SIDE tiene que ser formalmente pedido después por el fiscal de la causa, para que tenga valor probatorio. “Más que para tener una referencia para saber que eso pasó así, después para poder transformarlo en elemento de prueba tenés que manejarte de otra manera totalmente distinta, porque lo nuestro no sirve para nada” (sic), le advierte Banchs. Martínez Luque toma debida nota de la recomendación de su jefe y llama a Amilkar Farías que, para su sorpresa, le informa que Rohrer está declarando en ese momento en la Unidad Regional N° 9 de la Policía de la Provincia.

La insólita explicación de los “expertos” de la Policía de la Provincia desconcierta a Martínez Luque, que vuelve sobre las averiguaciones de la ubicación del celular de Rohrer la noche del crimen. Confirma que el “francés” –o al menos su teléfono celular- habría estado en las inmediaciones de Río Cuarto el fin de semana del homicidio de Nora Dalmasso. Vuelve a llamar a Farías y le ratifica que, tras una nueva consulta a la empresa de telefonía, la celda marca que el celular de Rohrer estuvo en Río Cuarto. “Lo tengo comprobado”, insiste. Y siembra sospechas sobre los policías que avalan la coartada de Rohrer con un informe técnico de dudosa consistencia científica:

Bin Laden

Rohrer declaró ante el fiscal Fernando Moine porque Javier Di Santo, a pesar de la repercusión mediática del caso, se había tomado sus vacaciones en enero. Durante su declaración testimonial, Rohrer se explayó a sus anchas sin que el fiscal le preguntara nada que pudiera, ya no comprometerlo, sino siquiera incomodarlo.

El 13 de enero, en un giro incomprensible, Farías llama a Martínez Luque para sugerirle que den por concluido el capítulo Rohrer.

En la conversación interviene Félix Cortéz, el otro investigador de la Policía Judicial, que estaba junto a Rarías, y lanza una frase premonitoria: “Quedate tranquilo que el juez no lo va a imputar a Bin Laden”.

Bin Laden no sería otro que el “francés”, a quien la Justicia de Río Cuarto, pese a las sospechas, dejó de investigar. Nunca más fue llamado a declarar en la causa. Tampoco se citó otra vez a los policías que habrían avalado con un informe falso su coartada: el Comisario Mayor Ariel Avila y el Sargento Ayudante Rubén López, alias “Carpincho”, ambos retirados de la fuerza tras ser imputados, tres años después, por la fiscal federal Graciela López de FIloñuk como supuestos autores del delito de “falsedad ideológica”. Curiosamente, fueron acusados de adulterar oficios judiciales para realizar escuchas telefónicas ilegales.

La oficial de policía que aportó ante el fiscal Enrique Senestrari la transcripción de las escuchas telefónicas que ella misma desgravó averiguó por motu proprio cómo funciona el sistema de antenas para rastrear teléfonos celulares. Llegó a la conclusión de que el informe de los policías que avalaron la coartada de Rohrer “no sería correcto, como no lo es cuando dicen que no se puede establecer el movimiento histórico si el teléfono no está intervenido”. Para comprobarlo, indicó que hubiera bastado pedir las sábanas de las comunicaciones establecidas al celular de Rohrer para marcar un recorrido temporal, lo mismo que con el celular de Araujo.

Pero el fiscal Di Santo –y sus pares Moine y Marcelo Hidalgo, que pronto se sumarían al “equipo investigador” designado por el fiscal General Vidal Lascano-, habría “comprado” la versión de Rohrer y el informe de los policías. O habría acatado una presunta orden “de arriba” para dejar de investigar al gerente de Del Monte.

Una orden de muy arriba.