Policía involucrada en el tráfico ilegal de cocaina

El 7 de febrero de este año, una explosión en una estación de servicio de la ciudad de Orán, en Salta, sacó a la luz un entramado de narcotráfico protagonizado por la suboficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Sofía Esther Chaparro. Lo que podría haber sido un accidente fue en realidad el detonante que reveló la complicidad de una funcionaria pública en el transporte de estupefacientes, agravado por el cargo que ostentaba.

Chaparro, acompañada por sus tres hijos menores de edad, ingresó a la estación Géminis Gas en un Ford Focus con el objetivo de cargar gas natural. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciar la recarga, el tanque de GNC explotó, desatando una nube de polvo blanco que rápidamente cubrió la estación de servicio y el área circundante. Lo que parecía un accidente derivado de un mal estado del vehículo, fue en realidad una maniobra fallida para transportar más de 20 kilos de cocaína. Los paquetes del narcótico quedaron esparcidos por el suelo de la estación, capturados por las cámaras de seguridad.

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El caso, que culminó en una condena de seis años y medio para la sargento, es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor: la infiltración de la corrupción en las fuerzas de seguridad, el amparo del Estado a través de la impunidad funcional y la falta de controles que permitan prevenir estas prácticas. La condena, acordada en un juicio abreviado, podría interpretarse como una victoria en la lucha contra el narcotráfico, pero las circunstancias que rodean el hecho dejan entrever que este sistema criminal está más enraizado de lo que se quiere admitir.

Chaparro no actuó sola. Su pareja, Fabián Giménez, también fue señalado como cómplice en el transporte de la droga, aunque su juicio sigue en curso. La complicidad entre ambos refleja un patrón repetido en casos de narcotráfico: las redes familiares o de pareja que facilitan el traslado de grandes cargamentos a través de rutas estratégicas. En este caso, la ruta que une Buenos Aires con Salta se revela como un corredor habitual para el tráfico de cocaína hacia el norte del país y, potencialmente, hacia otros países vecinos.

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Lo verdaderamente alarmante no es el hecho en sí, sino lo que representa: una funcionaria pública usando su posición de poder para facilitar el transporte de drogas. Este hecho pone en jaque la credibilidad de las fuerzas de seguridad y, por extensión, la capacidad del Estado para regular y controlar sus propias instituciones. A la luz de este suceso, resulta inevitable preguntarse cuántos más casos similares permanecen ocultos, protegidos por la opacidad y la falta de investigaciones profundas.

El manejo del caso también refleja el deterioro institucional bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el discurso oficial insiste en la mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico, la realidad muestra una desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. El hecho de que una funcionaria de una institución destinada a proteger a la ciudadanía esté involucrada en actividades criminales tan graves como el narcotráfico, no es un dato menor. Es una señal de la descomposición de un sistema que, en lugar de mejorar, parece retroceder bajo políticas que no hacen más que acrecentar la corrupción.

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La fiscal María del Carmen Núñez, a cargo del caso, optó por la vía del juicio abreviado, un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal que permitió acelerar el proceso judicial. Esta modalidad, que en muchos casos busca agilizar la administración de justicia, en otros puede ser vista como una forma de evitar una exposición mayor de los hechos y sus ramificaciones. En este caso particular, la celeridad del proceso no debería esconder la gravedad del delito y su implicancia en la estructura misma del sistema de seguridad. ¿Hasta qué punto la justicia puede ser eficaz si se pactan acuerdos que no profundizan en las redes detrás de estos crímenes?

El gobierno de Milei, que ha prometido reformas profundas en las instituciones de seguridad, parece no haber logrado más que agudizar el problema. La promesa de erradicar el narcotráfico y combatir la delincuencia choca con la realidad de un Estado que no solo no puede controlar a sus propios agentes, sino que también parece estar colaborando con ellos en la sombra. La corrupción no solo florece en la falta de controles, sino también en un sistema político que no parece tener voluntad de cambiar realmente.

El decomiso del Ford Focus utilizado en el transporte de la droga es solo una pequeña victoria en una batalla que está lejos de ganarse. Lo que realmente está en juego aquí es la credibilidad del sistema de justicia y la confianza de la sociedad en sus fuerzas de seguridad. La imagen de una policía involucrada en el tráfico de cocaína golpea fuerte, no solo en la confianza pública, sino en la moral de aquellos que todavía creen en el servicio de protección al ciudadano.

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