(Por Santiago Ríos) En el día de ayer se inició uno de los juicios más esperados y trascendentales desde la recuperación democrática en Argentina: el juicio contra los autores materiales del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Este suceso, que sacudió a la nación el 1 de septiembre de 2022, ha sido catalogado como uno de los ataques más graves a la estabilidad democrática en décadas. Sin embargo, lo que debería haber sido un caso de justicia transparente y eficaz, se ha convertido en un ejemplo flagrante de encubrimiento y negligencia, tanto por parte de la justicia como de la clase política.

Desde el momento del atentado, la respuesta de los medios de comunicación y la dirigencia política ha sido, salvo contadas excepciones, un manto de silencio. Este silenciamiento es equiparable al de los jueces y fiscales encargados de la investigación, configurando lo que parece ser un encubrimiento liso y llano. A continuación, se expondrán los hechos más significativos que ilustran esta grave situación.

El contenido del celular del atacante se borró al día siguiente del atentado, cuando ya estaba en poder de la jueza. Esta pérdida de información crucial no solo obstaculizó la investigación, sino que también levantó sospechas sobre la posible complicidad dentro del sistema judicial. Además, nunca se profundizó en las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes, como Revolución Federal y Nueva Centro Derecha. Estas organizaciones, que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron repentinamente tras el ataque.

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Los vínculos de estas organizaciones con figuras políticas de alto perfil son alarmantes. Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y asisten hoy al Congreso invitados por diputados del oficialismo. Recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo en los meses previos al atentado, revelando una red de financiación sospechosa que debería haber sido investigada a fondo.

Quince días antes del atentado, en una reunión virtual, los atacantes discutieron detalladamente cómo llevar a cabo el ataque, replicando exactamente la mecánica del atentado. Un testigo oyó a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, decir dos días antes del atentado: "Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa". A pesar de esta declaración incriminatoria, la justicia esperó meses para pedirle a Milman que entregara sus teléfonos, los cuales, al igual que los de sus secretarias, fueron entregados completamente borrados. La falta de acción y la pasividad de la jueza ante estas irregularidades son inaceptables y cuestionan la integridad del sistema judicial.

En mayo de 2023, una de las secretarias de Milman declaró que tanto ella, Milman, como otra colega, fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich, donde un experto en informática borró durante más de cuatro horas los teléfonos de todos. A pesar de la gravedad de esta declaración, la jueza y el fiscal decidieron no investigarlo.

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El atacante, estando preso, escribió que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol, líder de Nueva Centro Derecha. Sin embargo, la jueza se encargó nuevamente de demorar la investigación hasta que Carrol estuviera al tanto. Cuando finalmente le pidió su teléfono, este también había sido borrado días antes. Carrol, además, compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman, un hecho que ni siquiera se consideró relevante investigar.

Otro aspecto oscuro de este caso es la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, Ximena Tezanos Pinto, quien en los días previos al atentado deseaba públicamente que los kirchneristas estuvieran “presos, muertos o exiliados”, mientras permitía el acceso de los integrantes de Revolución Federal al edificio donde reside la vicepresidenta. Esta conexión nunca fue profundizada por la justicia.

Ante la mirada de 47 millones de argentinos y argentinas, este atentado ocurrió sin que se avanzara significativamente en la investigación. Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿qué justicia queda para cualquier ciudadano si el sistema no puede proteger ni a una figura pública de tal envergadura? La única certeza que tiene la sociedad argentina respecto a este hecho es que, hasta el momento, un sector del poder judicial y del poder político no ha esclarecido el intento de asesinato a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo más desesperanzador es que casi nadie cree que exista la vocación, la responsabilidad, el compromiso y la ética necesarios para llegar a la verdad.

Así, se esta manera, comenzó este juicio, bajo la sombra de la duda y el encubrimiento, dejando a la democracia argentina en una encrucijada peligrosa. ¿Podrá el sistema judicial reivindicarse y cumplir con su deber, o seguirá siendo cómplice de una red de corrupción y encubrimiento que amenaza con socavar los cimientos mismos de la justicia y la democracia?

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