SOBRAN las pruebas

La declaración del exjefe de Contrainteligencia de AFI que vinculó al gobierno de Cambiemos con el espionaje en el BAPRO

Diego Dalmau Pereyra vinculó hoy a los exdirectores de ese organismo del gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, con la grabación de la reunión desarrollada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro).

La declaración del exjefe de Contrainteligencia de AFI que vinculó al gobierno de Cambiemos con el espionaje en el BAPRO

Jueves 31 de marzo de 2022 | 20:14

El exdirector Operacional de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra vinculó hoy a los exdirectores de ese organismo del gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, con la grabación de la reunión desarrollada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro), en la que se habló de cómo acorralar judicialmente al gremialista de la construcción platense Juan Pablo "Pata" Medina.

Lo hizo mediante un escrito de más de 20 páginas que presentó ante la justicia federal de La Plata en el marco de su declaración indagatoria, luego de negarse a hacer uso de la palabra y a responder preguntas del juez que lo citó, Ernesto Kreplak, y de la fiscal del caso, Ana Russo, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso al expediente.

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Dalmau Pereyra confirmó en su escrito que asistió a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro el 15 de junio de 2017 y explicó que lo hizo por orden de sus superiores, los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Arribas y Majdalani, quienes le habrían encomendado supervisar la filmación de aquel encuentro.

En el mismo escrito -que fue incorporado al expediente en carácter de "reservado"- el exjefe de Contrainteligencia de la AFI aseguró que se quedó con copias de las grabaciones encomendadas y que el producto de la filmación de aquella reunión se lo entregó a la propia Majdalani, según informaron fuentes al tanto del contenido del descargo.

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Dalmau Pereyra confirmó en su escrito que asistió a la reunión que se llevó a cabo en el Bapro el 15 de junio de 2017 y explicó que lo hizo por orden de sus superiores, los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Arribas y Majdalani, quienes le habrían encomendado supervisar la filmación de aquel encuentro.

Dalmau Pereyra negó haber cometido delitos: aseguró que las tareas se las pidieron en función de la especialidad del área que encabezaba, que la grabación de la reunión del Bapro no fue con cámaras ocultas sino con dispositivos visibles y el objetivo de aquella reunión no era desplegar un plan sistemático de persecución a sindicalistas sino dar respuesta a reclamos de empresarios victimas de supuestos delitos del "Pata" Medina.

El espía imputado también deslizó en su escrito que no sabía que el resto de los asistentes a aquella reunión desconocían que se estaban reuniendo con funcionarios de la AFI y buscó así responder a los descargos de los empresarios y exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que habían afirmado eso, según pudo reconstruir esta agencia.

En la parte introductoria del escrito, relataron las fuentes, Dalmau Pereyra detalló cuál es su trayectoria desde 1986 hasta la actualidad y allí dejó expuesto que supo darle cursos a Majdalani cuando la "exseñora 8" se desempeñaba como diputada nacional e integraba la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de los organismos de inteligencia.

En el mismo escrito -que fue incorporado al expediente en carácter de "reservado"- el exjefe de Contrainteligencia de la AFI aseguró que se quedó con copias de las grabaciones encomendadas y que el producto de la filmación de aquella reunión se lo entregó a la propia Majdalani, según informaron fuentes al tanto del contenido del descargo.

Fuentes parlamentarias adelantaron a Télam que convocarán a Dalmau Pereyra para la semana próxima dado que la primera vez que lo convocaron a la bicameral de inteligencia, en relación a estos hechos, se comprometió a asistir luego de superada su indagatoria.

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El exjefe de contrainteligencia de la AFI fue el último de los espías en declarar, después del exjefe de Gabinete de la subdirección de ese organismo, Darío Biorci, que solo confirmó que concurrió a la reunión del Bapro; y del exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián Destéfano, que reclamó que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py.

Con la declaración indagatoria de Dalmau Pereyra concluyó el listado de citaciones ordenadas en febrero por el magistrado, aunque fue reprogramada para el 5 de abril la del senador provincial Juan Pablo Allan, otro de los asistentes a la reunión del Bapro.

Esta causa se inició con una denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego que se hallara en instalaciones de ese organismo un video de la reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2017 funcionarios bonaerenses, directivos de la AFI y empresarios de la construcción en la que hablaron sobre la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata y sobre el "Pata" Medina.

Dalmau Pereyra reconoció en el escrito que fue él quien coordinó con una empleada del área de protocolo del Bapro la instalación de las cámaras con las cuales se grabó aquella reunión.

Uno de los protagonistas de aquella reunión fue el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, primer imputado del caso, a quien se le escuchaba decir: "Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".

El contenido de ese video, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata.

En el expediente se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas, pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se investiga "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra seccional La Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes". (Télam)

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