Todos tenemos la esperanza de que Lula corrija el rumbo de nuestra América

Correa, que entre 2007-2017 gobernó Ecuador y es economista con un master en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica, país en el que hoy reside) y un doctorado en Illinois (Estados Unidos), se refirió a las negociaciones entre la Argentina y el FMI en una entrevista con Télam, en la que analizó lo que definió como una "guerra jurídica" contra los dirigentes progresistas de América Latina.

Correa llegó a la Argentina para participar de unas jornadas internacionales sobre el impacto del fenómeno conocido como "lawfare" que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en las que hoy por la tarde hará el discurso de clausura junto al titular de ese área, Horacio Pietragalla Corti.

"'Lawfare' significa 'guerra jurídica', la judicialización de la política y busca abrumar con el abuso del Derecho, con causas judiciales de toda índole, a dirigentes de izquierda, para quebrarlos económica, moral y políticamente", definió el exmandatario en el primer tramo de la entrevista.

Para Correa, la práctica del "lawfare" en la región responde a una "estrategia articulada, planificada a largo plazo" que adjudicó de todas formas a "la inteligencia de los estadounidenses, a sus agentes de política exterior", quienes -añadió- "empezaron a infiltrar nuestro sistema judicial hace lustros, con becas a fiscales y escuelas de jueces, donde van creando lealtades, fidelidades y también van reclutando".

En cuanto al escenario político que prevé para América Latina en 2022, el fundador del espacio Alianza País (que luego fue arrebatado por Lenin Moreno, por lo que en agosto último creó el Movimiento Revolución Ciudadana) consideró que un eventual triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva "cambiaría el balance geopolítico, sin duda", dado que "Brasil es el país más grande en la región" y equivale a "la mitad de Sudamérica".

"Todos tenemos la esperanza de que (Lula) corrija el rumbo de nuestra América y que volvamos a esa senda de progreso y dignidad, con gobiernos progresistas", confió.

Sobre la actualidad de Ecuador, describió a la gestión de Guillermo Lasso como "un gobierno en muerte clínica" que debió declarar el "estado de emergencia" mientras el país atraviesa "una grave conmoción política y social" por el motín en una cárcel de Guayaquil que dejó 68 muertos.

Ante ese panorama, que agravó el impacto producido por la aparición del nombre de Lasso en la megafiltración de Pandora Papers, el correísmo viene reclamando que se aplique un mecanismo previsto por la Constitución, la "muerte cruzada" (procedimiento para disolver el Congreso y convocar a elecciones simultáneas para Ejecutivo y Legislativo).

"Si le queremos hacer bien al país, por responsabilidad, hay que anticipar las elecciones. Y Lasso se podría presentar. Es necesario por el bien del país, o tendremos cuatro años un presidente y un gobierno clínicamente muerto, lo cual sería tremendamente riesgoso para Ecuador", exhortó en la entrevista con Télam, que se realizó ayer.

Sin embargo, en el caso de un adelantamiento (hoy improbable), el expresidente no podría participar él mismo como candidato ya que la Corte Nacional de Justicia (CNJ, similar a Casación en Argentina) ratificó en septiembre de 2020 una condena por cohecho en su contra y le bloqueó los derechos políticos al mantener firme la inhabilitación para competir en las urnas o desempañar cualquier cargo.