El intendente de Juntos por el Cambio de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, será indagado el próximo 10 de marzo por la jueza federal María Servini, en una causa que lo investiga por dictar en 2018 una resolución que obligaba a usuarios de gas a compensar a las distribuidoras por los efectos de la devaluación.

Iguacel, que está en la lupa de la Justicia en su carácter de exsecretario de Energía del gobierno de Mauricio Macri, había sido convocado para el 27 de noviembre del año pasado, pero pidió postergar el trámite y ahora quedó reprogramado para el próximo 10 de marzo, informaron fuentes judiciales.

La indagatoria había sido requerida por la fiscal federal Paloma Ochoa, en el marco de la causa en la que se investiga el dictado, en 2018, de una resolución con la que Iguacel había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso.

Para la representante del ministerio público fiscal, con la Resolución 20, dictada el 4 de octubre de 2018, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.

En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.

Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto de este año que se declare su nulidad absoluta e insanable.

La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bajo la apariencia de la figura de la ‘compensación’, la resolución “en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba”, sostuvo la fiscal Ochoa.

En el dictamen de la fiscalía se señalaba que “en el plano normativo no correspondía que dichas diferencias fueran trasladadas automáticamente al usuario”

En tanto, “en el plano fáctico se acreditó que las empresas distribuidoras de gas, de modo paralelo a la formulación del reclamo compensatorio, lejos de haber sufrido un quebranto, habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros -contratos de dólar futuro- que maximizaron sus beneficios”.