De manera marginal a la decisión política de intervención y expropiación de Vicentin, avanza la causa contra del directorio del Banco Nación, con Javier González Fraga a la cabeza, que autorizó la ampliación del crédito por $18.500 millones a la empresa, hoy bajo investigación penal. Esa cuestión disparó un aspecto poco conocido respecto a la responsabilidad que podría caberle al exfuncionario y a su yerno Agustín Pesce, quienes -bajo la posible directriz de la Casa Rosada y en un año electoral- decidieron otorgarle un crédito a la cerealera sin los avales correspondientes.

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Por eso, el expresidente del BN buscó activar una póliza de seguros que cubre los gastos de abogados para la defensa judicial, con una prima de hasta u$s 100 millones, pero que podría tener que reintegrar en caso de que se demuestre que hubo “dolo” (intención de provocar el daño) en la decisión, y no solamente mala praxis contra las arcas de la banca pública. El dirigente radical hizo una compulsa entre reconocidos bufetes de primera línea para que asuman su representación en la causa, a cargo de la aseguradora del Banco Nación.

Para el Banco Nación, Vicentin ya era considerado un activo tóxico, aun antes de la ampliación de su crédito. Las entidades financieras califican de esta manera a los clientes que no pueden desdeñar por la magnitud de su operatoria pero que tienen un comportamiento de pago irregular, donde se solicitan refinanciaciones, prórroga de plazos y constantes ampliaciones que incrementan el riesgo crediticio. De larga vinculación con el Nación, y deudora de unos 15 bancos (la mayoría públicos o mixtos) la empresa pidió la última ampliación y propuso como avales garantías reales sobre el patrimonio de sus titulares que entre otras cosas, incluían campos.

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El comité que encabezaba González Fraga –sin someterlo al directorio- lo evaluó favorablemente a la hora de facilitar esa línea de crédito pedida, pero las garantías reales nunca fueron suscriptas ni se llegaron a integrar. El directorio del Nación terminó convalidándolo pero con los hechos consumados. La situación financiera de la firma quedó “descalzada” luego de que se le otorgaran los créditos y en simultáneo ocurriera el salto del dólar después de las PASO. Ya en diciembre, la cerealera anunció que ingresaba en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de estar atravesando una situación de “estrés financiero”. Las preguntas que subyacen en la trama son por qué el Banco no garantizó la integración de las garantías reales ni monitoreó los ingresos por exportaciones de Vicentin para que fuera cancelando las acreencias.

Las irregularidades en todo ese proceso son materia de investigación en la causa a cargo de Julián Ercolini. El BN remitió toda la documentación de la operatoria al juzgado luego de la imputación de González Fraga junto a los titulares de Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli. Una derivación del caso es que mientras recibía los préstamos, se convertía en la empresa con más aportes registrados a la campaña electoral de Cambiemos.

González Fraga y el directorio gatillaron lo que se conoce en la jerga como “D&O” - Directors and officers liability Insurance- un seguro que cubre la defensa en juicios por su actuación institucional al frente de una entidad. En el caso del Banco Nación, la cobertura está dada por Nación Seguros pero reasegurada a través de una licitación internacional que garantiza el mejor precio del mercado para su contratación. Pero el problema es cuando ya ha habido litigios que han ocasionado que se active esa póliza, lo que incrementa el monto que debe desembolsar la entidad para poder renovarla. Tal fue el caso del Banco Nación y por la misma acción de González Fraga y Pesce. La historia se remonta a la famosa extracción por caja que había realizado la organización de Milagro Sala en 2015, donde había retirado $11 millones en efectivo que el Tesoro había girado para la Tupac. Eso motivo una denuncia tras el gran escándalo generado por la difusión pública de las imágenes.

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Durante la gestión inicial de Cambiemos en el BN de Carlos Melconian, se había dispuesto un cambio operativo que impedía semejantes retiros por caja y preservaba así cualquier riesgo para la entidad. En el caso no era dable sospechar lavado de activos porque el origen del dinero era un giro del Tesoro. Sin embargo, un año y medio después, Pesce –el yerno de González Fraga- dispuso realizar un Reporte de Operación Sospechosa “tardío” con los datos del caso. Su pasado en la UIF lo impulsó a lanzarse a esa aventura. Lo que ocurrió fue es que se ingresó en un litigio por el cual la aseguradora debió desembolsar u$s 1.300.000 en honorarios a abogados. El estudio Sarrabayrrouse y el de Ricardo Gil Lavedra –quien luego tendría amplia participación en la representación de organismos públicos durante todo el macrismo- fueron los que se repartieron esa cifra. La conclusión fue que al momento de la renovación de la D&O y con ese antecedente, la prima que debió abonar el BN para renovar aumentó exponencialmente al riesgo de tener que cubrir en hasta u$s 100 millones por las responsabilidades eventuales de los funcionarios del Nación.

Cuando se requirió avanzar con la causa penal, González Fraga reiteró consultas a los principales bufetes cuando debió presentar defensa. Sus honorarios ahora corren por cuenta de la aseguradora del Nación, pero si resultase condenado, debería reintegrar todos los costos del juicio de su propio patrimonio. El D&O diferencia las responsabilidades inherentes a las funciones y el dolo en las acciones. El juicio amenaza con ser largo.

Fuente: ámbito