Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática

Las reformas sobre seguridad encaradas por el macrismo generaron una curiosa coincidencia entre dirigentes de variadísima simpatía política e ideológica. Todos se unieron para rechazar las medidas PRO.

En la lista efiguran el ex ministro y camarista León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, el radical Manuel Garrido, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el socialista Hermes Binner, el massista Felipe Solá, el especialista Marcelo Sain, Dante Caputo, Nilda Garré, Leo Grosso, Juan Manuel Abal Medina, Juan Pablo Cafiero, entre cerca de un centenar de nombres.

La semana pasada, con el argumento de que existiría “una situación de peligro colectivo”, el Gobierno declaró la Emergencia en Seguridad, medida que durará un año y que incluye posibles acciones conjuntas de fuerzas militares y de seguridad y hasta la convocatoria de personal retirado (que no esté implicado en crímenes de lesa humanidad) si es considerado necesario.

Ese “peligro” descripto es atribuido por las autoridades nacionales al “delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, y entre las medidas más virulentas, autoriza el derribo de aviones ante alguna situación considerada sospechosa.

El texto colectivo de dirigentes y especialistas advierte especialmente que el decreto de Macri no está fundado en ningún análisis o seguimiento concreto que permita definir el escenario del narcotráfico como lo hace, según detalló Página 12.

“Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”.

Identificados con el espacio multisectorial conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, los dirigentes alertaron sobre los peligros del decreto presidencial, que trata de instalar la idea de que el narcotráfico es la base del delito y la violencia en general y que –según explican en un documento colectivo– en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas y de seguridad como parte del problema les termina dando más poder. Eso se advierte en la autorización para derribar aviones, lo que equivale, interpretan, a una “pena de muerte encubierta”.

Al respecto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich relativizó la medida con argumentos que bordearon lo ridículo. Ante la consulta sobre si la llamada ley de derribos viola la Ley de Seguridad Interior, Bullrich respondió: "Desde nuestro punto de vista, no. Fuerza Aérea hace una tarea de apoyatura: acompaña el avión y lo entrega a Gendarmería".