La Policía los persigue por portación de rostros, porque usan gorras, porque son morochos

"Estamos padeciendo una política represiva. Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo y estuviéramos en la época de la dictadura. La Policía hace exactamente lo mismo que en esos años con todos los jóvenes", aseguró María Angela Ochoa, madre de Matías Panetta (27), muerto en agosto de 2013.

Tras aclarar que a su hijo, según la versión de la Policía, lo "mataron en un enfrentamiento", la mujer aseveró que, en realidad, el joven "fue hostigado por un agente, como muchos otros, cuando iba a buscar a un amigo para ir a un baile".

"La Policía los persigue por portación de rostros, porque usan gorras, porque son morochos o porque viven, supuestamente, en una villa. A los chicos se les hace muy duro andar por la calle en Córdoba", manifestó Ochoa.

Acompañada por otros familiares de víctimas la represión policial, la mujer manifestó: "Ya van siete casos de 'gatillo fácil' en lo que va del año. A los chicos los hostigan, los detienen por cualquier cosa, los golpean, los aíslan y, a veces, ni siquiera les avisan a los padres. Por eso también pedimos la derogación del Código de Faltas, por las atribuciones que otorga a los policías".

Familiares de víctimas, junto a organizaciones sociales y partidos de izquierda, se concentaron esta tarde en la esquina de Colón y General Paz, y desde allí marcharon por el centro de la capital provincial en demanda de “mayor celeridad a la Justicia en las causas en que se investigan los casos de 'gatillo fácil'”.

"Basta de 'gatillo fácil' sobre la juventud. Basta de represión policial”, manifestaron los familiares de Lautaro Torres, Exequiel Barraza, Cristian Guevara y Alexis y Leonardo Righini, algunos de los jóvenes afectados por la violencia institucional en Córdoba.

La manifestación tuvo como marco que el mes pasado la Coordinadora Antirepresiva de Córdoba denunció que, en lo que va de 2014, se han registrado siete muertes de jóvenes en casos de "gatillo fácil", lo que expresa la "sistemática política represiva" del gobierno de De la Sota respecto de ciertos sectores sociales.

En varias ocasiones, Lucrecia Fernández, integrante de la asociación civil, precisó que, evidentemente, "hay una política de seguridad del gobierno de De la Sota que deja muy en claro que quiere ejerce un control social o una suerte de `limpieza terrible`, estigmatizando a ciertos sectores de la sociedad".