la punta de un iceberg

El espionaje ilegal de Macri también incluyó a Rodriguez Larreta, Monzó, Massot y Graciela Camaño

Por Horacio Verbitsky La lista de 80 direcciones de email que la interventora Cristina Caamaño encontró en una computadora de la Agencia Federal de Inteligencia y la denuncia de un ex funcionario de la agencia que fue víctima de un atentado, forman apenas la punta de un iceberg.

El espionaje ilegal de Macri también incluyó a Rodriguez Larreta, Monzó, Massot y Graciela Camaño

elcohetealaluna.com // Martes 02 de junio de 2020 | 13:52

Entre los materiales encontrados en ese sótano de la democracia, según la gráfica expresión presidencial, también hay seguimientos a figuras políticas de primer nivel del propio gobierno que presidió Maurizio Macrì, que fueron fotografiadas tanto en actividades políticas como en otras de la vida privada, con posibles fines extorsivos. Los personajes escogidos tenían nombres en código, aunque las fotos no dejan lugar a dudas sobre su identidad, porque son muy conocidos.

El principal de ellos es intendente de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, fotografiado al entrar y al salir de un edificio particular.

Otras figuras de la coalición oficialista que fueron sometidas al mismo tratamiento por el amigo y socio ex presidencial Gustavo Arribas, son el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quien en la jerga de la AFI era mencionado como Punto Cero. También su principal socio político y ex jefe de la bancada de diputados del PRO, Nicolás Massot, a quien los espías se refieren como Durazno, posiblemente por el color de su pelo.

Pero los seguimientos y las fotografías alcanzaron además a figuras que no integraban Cambiemos o Juntos por el Cambio, aunque por momentos estuvieron cerca, por su conflictiva relación con la ex Presidenta CFK. La principal de ellas es la entonces presidenta del bloque del Frente Renovador que respondía a Sergio Massa, Graciela Camaño. Para la AFI de Arribas y Silvia Majdalani, la ex ministra de trabajo era Ramona. Electa siete veces diputada nacional desde 1989, es reconocida por su eficacia en la labor parlamentaria. Aunque Sergio Massa pasó de la UCeDé al justicialismo bajo la tutela de Camaño y de su consorte, Luis Barrionuevo, en 2019 Ramona no siguió la deriva del ex candidato presidencial y en vez de apoyar la fórmula Fernández-Fernández, cerró trato con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, con lo cual volvió al Congreso en representación de Alternativa Federal. Uno de los datos más llamativos del espionaje ilegal realizado por la AFI, es que el seguimiento alcanzó incluso a la secretaria de Graciela Camaño.

HRL con Punto Cero, Ramona con Durazno.

Las repercusiones de estos seguimientos son impredecibles. Pero es de imaginar que incidirá en la polarización entre las líneas internas de JxC: por un lado el ex Presidente y sus pocos leales (Patricia Bullrich, Marcos Peña Braun, el parvenu Miguel Pichetto y los ruidosos denuncistas de la infectadura); por otro, Rodríguez Larreta (acompañado por el Hada Buena y en cordiales relaciones con Punto Cero y Durazno). Otra incógnita es cómo reaccionará la Coalición Cívica Libertadora de la heroína radical Elisa Carrió, y los restos del partido histórico que Macrì llevó a la rastra durante cuatro años.

Un atisbo se tuvo con las denuncias del ex senador radical por Chubut, Mario Cimadevilla, acerca de la manipulación judicial de Macrì, su vice Gabriela Michetti y su ministro Germán Garavano, para encubrir el encubrimiento del atentado de 1994 al edificio de la DAIA. Carrió lo apoyó sin dudas. Más aún, fue parte de la denuncia, llamó imbécil a Garavano y pidió su juicio político. La UCR guardó un religioso silencio.

Un camino posible cuando aparezcan las fotos es el que intentó el justicialista de PRO Cristian Ritondo ante la denuncia de Cristina Caamaño ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia: poner en duda el origen del material, requerir precisiones procedimentales. Claro que una imagen vale más que mil palabras.

Tres denuncias

Once de los 14 miembros de la bicameral asistieron a la reunión convocada el miércoles pasado por su presidente, Leopoldo Moreau. Los restantes lo hicieron por video conferencia. El temario incluyó tres denuncias:

Una de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, sobre una lista de 80 personas, cuyos correos electrónicos personales eran leídos desde la AFI. El juez Marcelo Martínez De Giorgi instruye la causa penal en Comodoro Py, y el fiscal es Jorge Di Lello.

Otra del ex funcionario de la AFI y del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, quien además de seguimientos y amenazas fue víctima de una intimidación con explosivos en un domicilio del que ya se había mudado.

Una tercera, del diputado de la UCR Álvaro de Lamadrid, por espionaje ilegal de la inteligencia de Gendarmería de Neuquén sobre mineros en conflicto en Andacollo.

Cuestión de Estructuras

Una característica llamativa de la lista de los 80, que Caamaño encontró en un disco rígido mal borrado de una computadora de la Agencia, es que no se trata de personas aisladas sino de estructuras políticas completas. Por ejemplo,

Además de Martín Sabbatella y Adrián Grana, presidente y secretario general de Nuevo Encuentro, figuran Sergio Zurano (Responsable del Frente de Abogados), Sol González (Responsable del Frente Estudiantil), Cintia Luján (Responsable del Frente de Géneros y Disidencias), Lara González Carvajal (Responsable Nacional de Equipos Técnicos y Jefa de Asesores de la Diputada Nacional Mónica Macha), Leonardo Sabbatella (Responsable de Comunicación de la Diputada Mónica Macha), Guido Pasamonik (Responsable del Frente Nacional de Salud) y Fernando Torrillate (Responsable Nacional de Comunicación). Es posible que la presencia de la actual Ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, también se explique por la tarea que desarrolló como defensora de afiliados a Nuevo Encuentro en dos causas .

Del Frente Grande no sólo aparece en la nómina el actual embajador en la OEA Carlos Raimundi, también Joaquín Escobar, director de economía social y solidaria de la municipalidad de Avellaneda, y Ofelia Pipa Cedola, la amiga que hace casi medio siglo presentó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Del Instituto Patria los espiados eran Carlos López, ex secretario privado de CFK durante su presidencia, pero también Adriana Fontana, Esteban Dibaja, Hugo Serpa y Mariana Ponce de León.

La lista incluye también a propia tropa de Cambiemos, como los radicales Ernesto Sanz y Mario Negri y el publicista Luis Majul.

Una libra de trotyl

La Comisión también recibió una denuncia de José Luis Vila, quien fue víctima de un atentado originado en la AFI. Vila es un ex cadete del Colegio Militar, que en 1987 actuó como mediador entre sus ex camaradas alzados en armas y el gobierno de Raúl Alfonsín. Vinculado desde entonces con Enrique Nosiglia, desempeñó distintos roles dentro y fuera del país, en el Ministerio de Defensa y en la SIDE, durante los distintos gobiernos con participación de su partido, la UCR, donde dirige el Instituto Alem. En una causa por narcotráfico, un hombre admitió ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Hernán Villena, que el abogado Facundo Melo lo contrató para colocar un explosivo frente al edificio de la calle Callao, en el barrio porteño de Recoleta, donde la AFI le indicó que vivía Vila. En una caja de cartón había una libra de trotyl, que es una carga considerable, y un viejo teléfono celular que actuaría como explosor. En el trotyl alcanza a leerse «Cuerpo de ingenieros U.S.A.».

Melo también había declarado como arrepentido ante el juez federal porteño Ariel Lijo, donde el abogado de Pablo y Hugo Moyano, Daniel Llermanos, denunció los aprietes contra el juez de Avellaneda Luis Carzoglio. En 2018 los enviados de la AFI Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pasquale le dijeron que Macrì quería ver presos a los dos sindicalistas camioneros. Incluso le hicieron llegar con una secretaria la resolución ya redactada para que sólo tuviera que firmarla. Carzoglio se negó y denunció la presión. Típico de aquellos años: en 2019 un jury de enjuiciamiento controlado por el gobierno bonaerense del Hada Buena lo suspendió en su cargo por otra causa, de menor importancia: no haber consignado la fecha en que debía realizarse un allanamiento.

Simultáneamente, Lijo absolvió a ambos emisarios y a sus mandantes, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, porque dio por buena su explicación de que querían prever las reacciones sociales en caso de que el juez ordenara la detención. Ese fallo inverosímil fue rápidamente confirmado por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

La AFI confirmó que Melo fue agente propio entre 2016 y 2019.

Melo declaró que su jefe en la AFI, Alan Ruiz, a cargo de operaciones sucias lo presionó para que un barra brava del Club Independiente declarara en contra de Pablo Moyano. Por negarse fue despedido, dijo.

La comisión decidió designar a tres de sus integrantes para instruir el sumario por este caso: Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, por el oficialismo, y Cristian Ritondo por la oposición. Dos diputados y un senador.

Los gendarmes curiosos

El diputado de la UCR Álvaro de Lamadrid denunció que la central de reunión de inteligencia de la Gendarmería en Neuquén realizó tareas prohibidas de inteligencia política y gremial sobre dos centenares de trabajadores mineros de Andacollo, que reclamaban (y siguen reclamando) el pago de sus salarios de marzo y abril a la empresa Trident Southern Explorations. La compañía ganó la concesión de la mina de oro y plata hace cuatro años pero nunca constituyó el depósito de garantía de un millón de dólares. Ahora se declaró en convocatoria de acreedores. Debe casi dos millones de dólares a la Corporación Minera de Neuquén, CORMINE, y no cumplió con sus compromisos con dos centenares de proveedores. A raíz de ello, el gobierno provincial rescindió el contrato pero no garantizó ni el pago de los salarios caídos ni la continuidad laboral. Los trabajadores cortaron entonces la ruta 22, a la altura de Arroyito.

El raid nocturno de Gendarmería.

La Gendarmería realizó visitas nocturnas a los hogares de varios trabajadores y preparó un informe secreto con datos políticos y gremiales, en el que se basó la denuncia del diputado Lamadrid. La Comisión decidió pedir explicaciones a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. En cuanto Clarín publicó la denuncia de Lamadrid, Frederic dijo que de confirmarse sería responsabilidad de los jefes locales, porque ni el ministerio ni la conducción nacional de Gendamería avalan esos procedimientos ilegales. En forma preventiva, separó a los involucrados de la inteligencia de Neuquén.

Imputados

Luego de estudiar la denuncia de Cristina Caamaño, el fiscal Di Lello decidió requerir la instrucción e imputó por la inteligencia ilegal a Macrì, Arribas, Majdalani y Darío Biorci, que es un hombre clave en esta historia. Casado con una hermana de Majdalani, por esta vía llegó a la jefatura de gabinete de la AFI y apareció mencionado en uno de los informes secuestrados en la computadora de Marcelo Sebastián D’Alessio, como nexo entre la agencia federal y bandas de contrabandistas. El agente que usaba la computadora donde se encontró el listado de los 80 mails dependía de Biorci.

Esto indica que no se trató del acto espontáneo de un agente, sino de una actividad decidida en forma orgánica a través de una cadena de mandos que arranca en el Poder Ejecutivo y sigue en el más tramposo de los amigos de Macrì, según su propia caracterización cuando tuvo que explicar por qué designaba para dirigir la inteligencia estatal a un traficante de personas jóvenes de pantalón corto.

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