El inventario de las comunicaciones en la Argentina tras los cuatro años de presidencia de Mauricio Macri es problemático, complejo y desafiante.

En el imaginario de Alberto Fernández, principal aspirante a la Casa Rosada, luce como modelo la gestión de Néstor Kirchner y no la de su compañera de fórmula, Cristina Fernández. Es decir, el intento de repetir un diseño de políticas estatales que moldean la estructura y la economía de los medios y las telecomunicaciones en amable convivencia con los grandes operadores, y la continuidad de ayudas a empresas periodísticas, lo que supondría además la distensión tras la guerra entre los columnistas y conductores más notorios y el kirchnerismo.

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El candidato peronista del Frente de Todos se percibe como garante de un tablero de negociaciones donde todos ganan, como muchos dirigentes creen que ocurrió entre 2003 y 2008, sin considerar en detalle los cambios radicales que mutaron el ecosistema infocomunicacional en los últimos diez años. Se trata de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de gran calado que impiden volver el tiempo a la primavera nestorista.

Hoy es difícil asegurar la convivencia armónica entre Google, Facebook, Netflix, Disney/Fox, Clarín/Cablevisión/Telecom, Telefónica/Movistar, Claro, Viacom, DirecTV/AT&T/Turner/CNN y el Grupo América, por citar varios de los pesos pesados de industrias en proceso de convergencia. Para sostenerse, esos gigantes precisan disputar el liderazgo en un contexto global poco respetuoso de las normas ideales de la sana competencia. En la convergencia en comunicaciones, como dice el refrán, el ganador se queda con todo. A menos, claro, que medien políticas públicas eficaces.

Porque además de los pesos pesados, el sector de las comunicaciones tiene en la Argentina la singularidad de contar con un dinámico estamento intermedio, PyME, cooperativo y comunitario, y con actores estatales nacionales y provinciales. Si la conducción gubernamental se centra sólo en lubricar la expansión de algunos de los conglomerados más concentrados, este sector reducirá en su aporte a la diversidad geográfica, social, económica y cultural del país.

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Aunque es estratégico porque nutre de información y cultura a nivel masivo a todo el país, porque genera empleo y porque determina las condiciones en la que la sociedad accede a servicios y tecnologías básicos, el sector de las comunicaciones hoy acusa el impacto de cuatro años de políticas incoherentes, con golpes de timón ejecutados vía decretos, resoluciones y dictámenes carentes de sustento técnico, como lo muestran la prórroga y entrega de licencias audiovisuales sin plan integral sobre el espectro (la falta de un plan técnico debe criticársele también a los antecesores a Macri), el aval a la fusión más grande de las comunicaciones en la región, la de Cablevisión y Telecom, o la creación y disolución del Ministerio de Comunicaciones que encabezó Oscar Aguad.

Uno de los procesos que se desarrolló en paralelo a la gestión de Macri fue la expansión de la conectividad móvil, fruto de la licitación de espectro para servicios 4G realizada en 2014 que motivó una tardía, sobreactuada pero grave denuncia de Daniel Vila contra el presidente y contra Aguad. Esa expansión demanda precisiones sobre las futuras asignaciones de ese recurso público finito, estratégico y apetecido por medios audiovisuales y por compañías de telecomunicaciones y conectividad que es el espectro radioeléctrico. La definición de quiénes acceden a los recursos esenciales (físicos e inalámbricos) para conectar a la sociedad argentina y qué reglas deben respetarse para que no haya discriminación de contenidos, servicios y productos a través de las redes (tradicionales y virtuales) sigue siendo una cuestión política de primer orden en materia de información, comunicación y cultura.

En la era Macri, las promesas iniciales de inyección de competencia, lluvia de inversiones, nuevos operadores en telefonía móvil y respeto republicano a la institucionalidad mediante la legitimación de la política pública a través de leyes tramitadas por el Congreso, fueron sepultadas al cabo de una gestión que sólo cultivó la ley del mercado, a costa incluso de muchos de sus participantes, hoy quebrados o severamente endeudados.

Lejos de la invocada meritocracia que se atribuyó, el gobierno saliente tuvo un personal dirigente en comunicaciones que fue incapaz de redactar siquiera un proyecto de ley integral de comunicaciones. Termina la administración Cambiemos con menos competidores, con precios para servicios de conectividad que superaron la inflación galopante y que, en consecuencia, restaron presupuesto en los hogares para el acceso a la cultura en vivo, afectándolo doblemente.

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Encogido en la cantidad de empresas periodísticas, hoy el sistema de medios registra una concentración inédita donde la distorsión de las reglas de juego fue avalada por un ente regulador (ENaCom) creado por decreto, en el que todos sus directivos pueden ser removidos por el presidente “sin expresión de causa”, lo que lesiona uno de los estándares básicos en materia de libertad de expresión. A pesar de ello, altos gerentes de la gubernamentalizada autoridad regulatoria de medios y telecomunicaciones se autoelogian en público sin advertir la grosera paradoja que consiste en dirigir un órgano que vulnera principios internacionales del derecho a la expresión y, desde allí, predicar su respeto. La gubernamentalización en comunicaciones no se detuvo allí: a pesar de haber promovido la sanción de una ley de acceso a la información pública, Macri decretó inmediatamente su modificación para subordinar la flamante agencia a su poder. Del Poder Ejecutivo también depende el área de Datos Personales, ámbito estratégico y sensible donde Macri tuvo un revés judicial por usar los datos de ANSES para los fines propagandísticos de la Jefatura de Gabinete.

El desastre económico que deja Macri, combinado con sus políticas en comunicaciones y con la crisis global de los medios tradicionales, aceleraron el cierre de empresas de medios locales, lo que deja sin producción de noticias propias a ciudades y pueblos y sin empleo a miles de periodistas en un contexto de creciente precarización. Los reclamos de los empresarios periodísticos hacia el Estado ya no se agotan en que la publicidad oficial siga proveyéndoles ingresos (discrecionalmente) y que evite beneficiar a las plataformas digitales, también incluyen ayudas de financiamiento productivo, empleo,regímenes impositivos y previsionales, y planes de pago de las deudas contraídas por el sector.

En tanto, los grandes operadores de telecomunicaciones recalculan sus inversiones, imprescindibles para modernizar los servicios de conectividad fija y móvil, también en relación directa con la retracción económica. El CEO de Telecom, Carlos Moltini, como primus inter pares, acaba de pronunciar un pliego de demandas en un evento corporativo de los cableoperadores: necesitan más asistencia pública.

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Mientras el segmento comercial tanto de medios como de telecomunicaciones acusa la crisis solicitando nuevamente el socorro oficial, en paralelo los medios estatales fueron vaciados de público, de contenidos y de trascendencia. Incluso, a pesar de ciertas señales iniciales de disminución de su uso partidario, los últimos tiempos exhiben una mayor tendencia facciosa de los medios del Estado a favor del oficialismo.

Una de las pocas políticas en las que el elenco gubernamental respetó cierta continuidad con la inversión en comunicaciones de los años previos, sin desmantelarla, fue la red troncal de conectividad por fibra óptica de la empresa pública ArSat. Los resultados de ese oasis de continuidad son alentadores, ya que la acción de ArSat corrigió abusos de grandes operadores privados en los precios mayoristas que pagan intermediarios pequeños, medianos y cooperativos y, en consecuencia, se evita gravar con mayores cargas al usuario final.

Sin una comprensión cabal de las tensiones actuales, que son diferentes a las de 2003 o 2008, y sin mapear el campo minado por el inventario decretado por Macri en beneficio de unos pocos y muy concentrados, el escenario de las comunicaciones se encogerá aún más, afectando así derechos fundamentales (acceso a la información diversa, a la cultura y a la comunicación) y condicionando una agenda de desarrollo en el resto de las políticas públicas.

Via: https://martinbecerra.wordpress.com/2019/10/16/pesada-herencia-de-macri-en-comunicaciones/