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Entongados: Dujovne también será investigado en la causa peajes

Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública son parte de los delitos que investiga el juez Canicoba Corral. Ahora también incluirá al ex ministro de Hacienda por los escandalosos negociados.

Entongados: Dujovne también será investigado en la causa peajes

Por Diputados Bonaerenses // Martes 08 de octubre de 2019 | 10:14

La escandalosa causa peajes que involucra al propio Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, sumó en las últimas horas como nuevo investigado al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Sucede que, Dujovne no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley, y en su lugar Iguacel contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión.

Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un externo para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.

En paralelo, los delitos que investiga el juez de instrucción número 6, en base a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto, son fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

A Comodoro Py llegó la información sobre Natal Inversiones SA, la empresa que adquirió las acciones que Socma -la empresa de Macri- tenía en Ausol. En concreto ya están en análisis los registros societarios de la firma y la composición accionaria.

A su vez, no se descarta que se ordene un peritaje contable para determinar las condiciones en que se efectuó la venta de los papeles de la empresa de Macri, cuyo valor se disparó un 400% tras los aumentos de las tarifas y la prórroga del contrato en cuestión.

Además, fue solicitada a la Comisión Nacional de Valores la evolución de las acciones en la bolsa tanto de Ausol (Panamericana) como de GCO (Acceso Oeste).

Qué investiga la causa peajes

Con la asunción de Macri en 2015 y ante los inminentes vencimientos de los contratos -el de Ausol, en la Panamericana, en 2020, y el de GCO, en el Acceso Oeste, en 2018-- las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones de los acuerdos iniciales.

El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogó las concesiones hasta 2030, por diez y doce años, respectivamente. Pero se presume que esa prórroga fue ilegal, ya que no hubo intervención del Congreso Nacional, ya que se resolvió por decreto y sin llamado a licitación.

Además, los beneficios otorgados a las empresas fueron extraordinarios: dolarizaron las tarifas, garantizaron el flujo de tránsito pasante, al menos dos aumentos tarifarios por año ajustados por inflación y eliminaron la obligación de levantar las barreras.

El centro del escándalo es que uno de las principales accionistas de Autopistas del Sol era, el Grupo Socma (Sociedades Macri), cuyos papeles subieron un %400 tras la asunción del Presidente y gracias a la extensión del contrato por diez años más. De esa manera, con la venta de acciones Socma ganó casi USD 20 millones.

La causa tuvo un fuerte impulso tres días antes de las PASO con la declaración testimonial de la ex titular de Juríridicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien detalló las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de ambos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación.

A su vez, Ripoli explicó que se le reconocieron a la empresa Ausol S.A. USD 500 millones, a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI. Una suma que la administración pública reconoció en calidad de inversiones no amortizadas, sin siquiera intentar negociar o.

La hipótesis principal es que esa demanda ante el tribunal internacional formó parte de una suerte de puesta en escena de la empresa en connivencia con los funcionarios macristas en Vialidad, con el objetivo de cobrarle al Estado esos USD 500 millones.

Se trata a todas luces de un fraude millonario que, en caso de comprobarse, comprometería la continuidad de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, hoy en manos de Ausol y GCO, además de a los funcionarios de Cambiemos.

 

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