El análisis fino y minucioso de lo que el gobierno nacional presupuestó y ejecutó en 2018 desnuda su matriz política e ideológica a la hora de distribuir los recursos del Estado. La comparación con la inversión pública de 2017 arroja fuerte disminuciones en términos reales, con partidas que rindieron hasta un 50% menos de un año a otro.

Como si fuera poco, el feroz ajuste fue acompañado por subejecuciones, miles de millones de pesos que se presupuestaron pero que no se utilizaron. Así lo demuestra un detallado y riguroso informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) elaborado a partir de datos oficiales.

La tijera para reducir el déficit fiscal, pagar los intereses de la deuda y cumplir con lo acordado con el FMI alcanzó a cientos de programas de ministerios y secretarías. Con una inflación del 48%, todas las áreas sufrieron ajustes de gastos en términos reales de entre un 18% y 54%.

El año en el que el Trabajo perdió su rango ministerial, la reducción de su presupuesto general en pesos corrientes (nominales), comparado con 2017, alcanzó los 3.632 millones de pesos, una reducción del 33%. Si le sumamos la erosión de la inflación, el recorte fue del 55% en términos reales.

Además presentó un porcentaje importante de subejecución, que alcanzó el 19%: 1.761 millones de pesos quedaron sin aplicaciones específicas.

El programa que sufrió mayor impacto fue el llamado “Acciones de Empleo”, el cual está orientado a asistir a los trabajadores desocupados en la actualización de sus competencias laborales y su inserción en empleos de calidad. El recorte fue del 75%, casi 4 mil millones de pesos.

Otro llamativo dato que surge de revisar lo presupuestado y lo ejecutado es el de la no construcción de cuatro Delegaciones para promover la “regularización del trabajo” en Buenos Aires, Formosa, Jujuy y La Rioja.

La asistencia para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral también sufrió el tijeratazo: el programa llamado “Fortalecimiento del Empleo Joven en la República Argentina” tuvo una erogación de apenas 10 millones de pesos, solo el 15% de todo su presupuesto.

Al revisar el gasto en el área de Trabajo según su ubicación geográfica, se obtiene la conclusión que todos los distritos fueron afectados en términos nominales, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió 22 millones de pesos más en relación a 2017.

Los recortes superaron el 60% en el caso de Jujuy; 85% en Tierra del Fuego; 72% La Rioja; 69% Neuquén y Santiago del Estado; 66% San Juan; 64% Chaco; 63% Chubut; y 52% Buenos Aires.

En cuanto a las unidades responsables de la ejecución de los programas, los proyectos y las actividades, la de mayor monto de reducción fue la Dirección Nacional de Promoción del Empleo, con una caída de fondos del 75% en términos reales.

La Secretaría de Empleo achicó unos 663 millones (-77% reales), la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía 186 millones (-52%) y la Secretaría de Trabajo y Dirección Nacional de Relaciones Federales 105 millones (-53%).

EN TODO ESTAS VOS
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— En Orsai (@EnOrsai) January 24, 2019