Los legisladores y legisladores del bloque Unidad Ciudadana rechazaron, junto a toda la oposición, la reforma del Código Procesal Penal que envió el Ejecutivo porteño a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la sesión, el jefe del bloque Carlos Tomada argumentó que la nueva ley “compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional”.

El diputado agregó que la iniciativa “someterá a los porteños y porteñas a tres riesgos: vulnera la intimidad de las personas, permite abusos en el uso de estas herramientas con fines políticos y expone al sistema judicial a un proceso de deslegitimación mayor al que hoy estamos viendo.”

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"Los temas que se han debatido hoy no son cuestiones técnicas o abstractas, sino que tienen una enorme relevancia institucional. Por lo tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias, haciendo honor a las responsabilidades que tenemos como legisladores para velar por el resguardo de las garantías constitucionales y para ejercer los controles sobre los otros poderes del Estado", sostuvo Tomada.

Por su parte, el legislador Mariano Recalde manifestó que desde el oficialismo “enviaron cambios de último momento que no modifican el espíritu ni recogen las observaciones que hicimos desde la oposición y las ONGs especializadas.”

“Estamos convencidos de que este proyecto atenta contra el principio de inocencia, contra el derecho a la defensa y las libertades individuales”, advirtió el diputado, y aseguró que lo que busca la ley es “profundizar todavía más el sistema de libertad condicional en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad.”

Finalmente, Recalde sostuvo que “frente al abuso de las prisiones preventivas, la constante filtración de información judicial en los medios de comunicación, la represión de la protesta social y la criminalización de la pobreza, tenemos que defender con más fuerza las garantías y libertades.”

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El proyecto de ley incorpora a la legislación procesal penal de la Ciudad medidas especiales de investigación, entre las que se encuentran las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y la entrega vigilada.

Respecto de las medidas especiales de investigación, se establece un criterio demasiado amplio para determinar sobre qué delitos se pueden aplicar. Uno de los principales problemas que acarrea la incorporación de estas figuras es el rol que se le da a los jueces como única garantía de los derechos de los investigados. Esto no resulta suficiente, sobre todo en un contexto de profunda inestabilidad y crisis institucional del Poder Judicial como el que atravesamos.

En la figura del informante, por ejemplo, no hay garantías que eviten que las fuerzas de seguridad utilicen métodos extorsivos para acceder a la información y se relega en el Ministerio de Seguridad la reglamentación, dándole un cheque en blanco a esta cartera ministerial para tener un manejo absolutamente discrecional respecto de la utilización.

Respecto a las figuras de agente encubierto y revelador, está el riesgo de que el personal policial que actúe en estas condiciones se transforme en agente provocador, instigando la comisión de delitos, cuando ese tipo de prácticas han sido expresamente rechazadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

VOLVIÓ A ATACAR
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— En Orsai (@EnOrsai) 4 de octubre de 2018