La presentación se realizó el 28 de mayo ante el organismo internacional para pedir "monitoreo" y solicitar informes al Gobierno para que "clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores".

Greenpeace solicitó además que se requiera a las autoridades "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".

Las amenazas empezaron en enero, luego de que Greenpeace denunciara públicamente la destrucción de bosques nativos realizada de manera ilegal por Alejandro Braun Peña en su Finca Cuchuy, en la provincia de Salta.

Entre otras situaciones consignadas en la denuncia ante la CIDH, el documento presentado por Greenpeace destaca la del 8 de marzo en la reunión de mediación, en la que el empresario amenazó con gastar "2 o 3 palos verdes" para perjudicarlos personalmente y a la organización. Según sostuvo la organización" Braun Peña reprochó a los representantes de Greenpeace que la campaña había difundido su imagen". Su abogado agregó "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empleado serio que apuesta por el país."

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Sobre la posición de Villalonga en el conflicto, fuentes de Greenpeace aseguraron a ámbito.com: "Él está denunciado ante la Justicia y ante la CIDH por amenazas y por hostigamiento a través de redes de personas allegadas a él". Agregaron además que se trata de "una denuncia a un diputado Nacional por amenazas presentada ante la Justicia local y organismos internacionales".

Días después, Greenpeace informó a funcionarios de la Casa Rosada lo ocurrido para que tome las medidas que correspondan.

Actualmente la organización continúa su reclamo a la provincia de Salta por el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, publicada el 24 de enero en el boletín oficial, que declaró ilegales los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional y de la resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta que resolvió "suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo".

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