LA DE SIEMPRE

Bullrich derrama sangre y mentiras

La escalada represiva de la ministra de seguridad en el sur no tiene fin. Los mapuches, elegidos como “enemigo interno”, sufren la construcción de una novela que incluye falsos vínculos con las FARC y la caracterización de “terroristas”. Viaje al corazón de la nueva Patagonia trágica.

Bullrich derrama sangre y mentiras

Por Juan Alonso para Nuestras Voces // Jueves 11 de enero de 2018 | 12:00

La camioneta avanza sobre la ruta 40. Suena la versión del Gato Ossés: “Mollitún papai inché”, de Valeriano Avilés. El río está dentro del cielo y el silencio se hace viento. El agua se transforma en nieve y la nieve en barro, y después en polvo. Las huellas de los que pasaron, reaparecen entre las voces. Gente sencilla, de a caballo, de ojos vidriosos, un poco verdes, con los tonos de la tierra y las manos como gajos que se abren.

Somos extranjeros. Ajenos expectantes de un paraíso que se nos niega. Nacen las luces del arcoíris en Corcovado. Fluye el arroyo y con el sonido del agua los perros corren a ninguna parte. Los Millán alrededor del fuego que crepita. La saga de Moira y su hermano Mauro. El padre jubilado ferroviario. Y allá detrás la imagen de las hijas del cacique Valentín Sayhueque que fueron cautivas del Ejército de Roca con esos ojos de la tristeza infinita.

Las palabras de los muertos cabalgan en el falso desierto. En Mina del Indio, Cushamen, Trinidad Huala abraza el cuadro de su madre. Su mirada atraviesa la cámara. Martiniano Jones Huala levanta una casa de barro con sus propias manos. María Isabel Huala pasa el mate y refleja su corazón acorralado. Todos tejen su destino a fuerza de voluntad y trabajo duro. Pero los actuales administradores del Estado -¿o son saqueadores?- los tildan de “terroristas”, con presuntos vínculos con las FARC. Los argumentos del gobierno parecen extraídos de un documento de las empresas de Benetton y Joe Lewis.

En este clima de venenosa injusticia, una sombra maligna los persigue como un estigma. Y se hace noche en las miradas de los gendarmes del destacamento de El Bolsón que con las cámaras en las manos filman la posteridad. El poder siempre tiene jefes. La manía (¿neurótica y paranoica?) de Patricia Bullrich de registrar a potenciales enemigos inexistentes en la estepa. Y el informe de 180 páginas sobre la misteriosa Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de la cual las comunidades deslizan cierto fastidio por la destilada calidad de las preguntas que rebotan en el inconsciente.

Mientras tanto, registramos el aparato represor que incluye a Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval. Todos armados hasta los dientes por mandato del Poder Ejecutivo. Ahora la subcomisaria de Leleque está esperando refuerzos. Plan de contingencia que le dicen. Parece un argumento siniestro como los artífices de la Colonia Dignidad en Chile o un drama estrafalario de Chéjov con los personajes de “El Demonio del bosque” y la condición humana.

Los días en que ondeó la incertidumbre por Esquel. Y esos hombres de civil que merodearon las calles desde enero hasta el 17 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo de Santiago Maldonado en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut. Fueron 78 días de negación, desaparición, encubrimiento, y canallería sistematizada. Tanto mal pudo ser posible por la complicidad judicial y el mayor conglomerado de medios socios de este gobierno que tiene el récord de presos políticos y jóvenes muertos. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval, el 23 de noviembre, son los hechos paradigmáticos de esta era de cinismo, exclusión y mentira disfrazada de cambio.

Es el contexto, estúpido

Cuando leas esta nota, Mauricio Macri ya se habrá reunido en Villa La Angostura donde disfruta de sus vacaciones prolongadas, con los gobernadores de Chubut y Río Negro, Mariano Arcioni y Alberto Weretilneck. ¿El temario? Entre otros asuntos, “el peligro de la RAM”. O sea: la construcción del enemigo interno. Ya no sólo son responsables del crimen de dos jóvenes –Santiago y Rafael- sino que avanzan contra los organismos de derechos humanos, sindicatos, estudiantes, sectores vulnerables, maestros, trabajadores fuera del sistema, y todo el que intente oponerse al conservadurismo reinante.

Este clima opresivo no comenzó ahora. Se inició con la represión a una murga de niños en los comienzos de la gestión dialoguista de Cambiemos, en febrero de 2016 en la 1-11-14 del Bajo Flores, y prosiguió un año más tarde, el 10 y 11 de enero del 17, con la brutal incursión en la Lof de Cushamen. Allí casi matan a Emilio Jones Huala de un escopetazo en la mandíbula disparado a quemarropa, que le produjo un agujero en el maxilar y una operación de urgencia. En esa represión fue detenido el testigo del caso Maldonado y amigo personal de Santiago, Ariel Garzi, que aún padece la persecución de la ministra Bullrich y su Policía. ¿Qué pasó con el expediente? Emilio sigue imputado. Increíble pero real. Garzi no le va a la saga: lo acusan de atentar contra la autoridad.

“A un año, la Fiscalía pide elevación a juicio contra los tres detenidos ese día. La cacería mapuche había comenzado a rodar y el brazo ejecutor fue el poder judicial que primero ofreció diálogo y luego cambió las palabras por las balas y los palos”, dijo la abogada Sonia Ivanoff.

Para mal de males, el lonko Facundo Jones Huala no tiene fecha de inicio del juicio de extradición a Chile y está preso desde fines de junio del año pasado en una especie de sala de la nada. La situación exaspera a los miembros de la comunidad mapuche, que se siente hostigada por el gobierno. Es el caso del testigo de la causa Maldonado, Matías Santana, todavía sin abogado defensor, quien fuera citado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

El magistrado (término griego) le endilga hasta los próximos tsunamis que sufrirá el planeta y como es obvio lo busca con la Policía. Todo un avance de la civilidad ya que en enero del 17 actuó un mayordomo de Luciano Benetton en la pesquisa de mapuches.

Se trata de Gonzalo Graña que figura en la causa como testigo. El periodista Sebastián Premici lo contó en Cadena del Sur: “En apoyo a la recuperación territorial y en repudio a la represión que habían sufrido los integrantes de la Pu Lof, varios militantes y peñis se acercaron a la comunidad, entre ellos Jorge Buchile, Ivana Huenelaf (torturada en la comisaría de El Maitén), Gustavo Jaime, Javier Salvador Huenchupan Ruiz, Daniela González y los hermanos Gonzalo y Pablo Seguí. Los siete fueron baleados por la policía de la provincia y por un empleado de Benetton, Gonzalo Graña, según consta en una causa judicial que tramita en Comodoro Rivadavia”.

Lo esquizofrénico de la situación fue que dos meses antes, en noviembre del 16, Mauricio Macri y Bullrich, militarizaron el corredor de la ruta 40 con 200 gendarmes en El Maitén. Por entonces, el juez Otranto no gozaba de la confianza de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané y Daniel Barberis. Todo lo opuesto. El Consejo de la Magistratura tenía dos denuncias contra Otranto, una del fallecido gobernador de Chubut Mario Das Neves y otra de Diego Perazzo, vicepresidente de Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia desde 1991.

A casi dos meses del asesinato de Rafael Nahuel la justicia de Bariloche no logró peritar el arma homicida ni identificar al agente de Prefectura que disparó. La prima de Rafael, Johana, suele recordar cómo era maltratada cuando fue soldado del Ejército. No le daban de comer y la tenían corriendo todo el día por el campo. “India de mierda”, le soltaban por lo bajo sus jefes y sus propios compañeros, algunos de ellos, mapuches. Johana sabe que poco y nada cambió en estos 130 años. Tiene una herida de bala calibre 9mm que le atravesó el hombro y no siente temor. Vio morir a su primo en Villa Mascardi. Vive en un barrio de Bariloche donde el desprecio por los pobres es tan habitual como la solidaridad. Lleva en el esternón la mirada de Rafael. No hay nadie en este mundo que logre plantar el olvido en su alma.

En 25 de Mayo, en el centro de la patria agropecuaria, los días transcurren con la habitual calma de los pueblos chicos. Quique y Stella, los papás de Santiago, sobreviven a la angustia de la muerte. Germán Maldonado y su mujer Carolina los contienen y tratan de seguir adelante con la lucha y el reclamo de Justicia. Lo propio hacen Sergio Maldonado y Andrea Antico en Bariloche.

El juez subrogante Gustavo Lleral comenzará a trabajar en febrero, con los testimonios de buzos del Cuartel de Bomberos de Trelew. El gendarme Emmanuel Echazú ahora es alférez. El sargento Juan Carlos Pelozo retomó su vida cotidiana y fue perdiendo el pánico. La Gendarmería dice que no habla “oficialmente” de los ascensos. Al cabo Darío Zoilán nadie le preguntó por qué disparó 22 postas de goma en el río Chubut.

El gobierno de Macri compró 15 millones de balas de goma antes del comienzo de las clases en marzo.

La Sociedad Rural está feliz. La soja aumentó un 6,4 por ciento en enero. El campo no paga retenciones. El salario de los trabajadores se depreció todavía más con las nuevas tarifas de luz, gas y el transporte público.

“Personalmente, me gustaría ser vecino de Etchecolatz”, declaró el secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, según El Tribuno. Luego Avruj lo desmintió.

El ex canciller Héctor Timerman, cuyo padre Jacobo fue torturado por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, padece un cáncer de hígado con metástasis en la cadera. Al cierre de esta crónica no había logrado viajar a Estados Unidos para seguir el tratamiento médico. Algunos festejaron su cruel enfermedad. Entre ellos, los eximios pensadores del macrismo y su séquito comunicacional.

En Esquel la bruma de la noche desciende bajo las estrellas. Los monstruos de la oscuridad habitan los espejos.

Todo es vanidad.

Comparte en Facebook Comparte en Twitter Comparte en Google+ Enviar a un amigo Imprimir esta nota
HOY
No hay aval

Una de las razones del derrumbe de Milei: no hay acuerdo con los despidos masivos

El 51,7% de las personas encuestadas por Zuban Córdoba opinó que está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los despidos de 15.000 empleados estatales. Un número similar rechaza la reinstalación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios.