Hoy el Estado argentino tendrá que volver a explicar las medidas que tomó en los últimos meses. Es que un nuevo record del oficialismo es que en menos de año y medio ya fue citado en dos oportunidades para explicar sus medidas.

Hoy tendrá que explicar qué hizo con el decreto que afectan los derechos de los migrantes. Pero también tendrá que dar cuenta de las sobre medidas estatales que vulneran el derecho a la protesta en Jujuy.

Los líderes gremiales y sociales jujeños que viajarán a Washington expondrán sobre las respuestas estatales que buscan silenciar el disenso en esa provincia. La represión y la criminalización incluyen la persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales y otras disposiciones punitivas.

Estas acciones del Estado jujeño, que se intensificaron en el último año, incumplen con los estándares del sistema interamericano de protección y vulneran derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado federal no ha tomado ninguna medida para remediar esta grave situación ni prevenir futuras violaciones.

La audiencia fue solicitada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), CELS y Amnistía Internacional.

En tanto, la CIDH convocó a una audiencia de oficio sobre los cambios normativos en materia migratoria en la Argentina. También habrá una audiencia para analizar las nuevas medidas del gobierno estadounidense que vulneran los derechos de los migrantes.

La Ley de Migraciones argentina, aprobada por unanimidad en 2003, fue modificada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asocia la migración con el delito y amplía las facultades para detener y expulsar a las personas migrantes. Mientras que la ley garantiza el derecho a migrar y prioriza la regularización de las personas, el DNU 70/2017 facilita su deportación, lo que impacta en los proyectos de vida de los migrantes y sus familias y reduce su capacidad para defenderse.