Pero hubo una agenda que no coincidió con la legislativa: la del futuro. Pese a que 75% de las denuncias que recibió la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema durante octubre pasado, tienen como víctima a niñas, niños y adolescentes, según expresó la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, en el cierre de las últimas jornadas del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF), en materia legal, la protección al niño está en deuda.

Según expuso Highton de Nolasco durante la jornada de la COFENAF, desde la apertura de la Oficina de Violencia Doméstica hubo 27.000 denuncias donde las víctimas eran menores de 18 años.

"Sólo en octubre recibimos 3.100 denuncias, de las cuales 2.300 correspondían a casos donde los victimarios eran familiares" de los niños, indicó la magistrada.

En este marco, de acuerdo al último informe que presentó el Observatorio Marisel Zambrano (en honor a la joven jujeña asesinada a golpes por quien fuera su pareja y padre de su hija, José Manuel Alejandro Zerda, quien está en libertad desde 2013), coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2016, se registró en promedio un femicidio cada 30 horas en el país.

Producto de estas muertes, 294 hijas e hijos quedaron sin madre, 173 de los cuales, son menores de edad. En el 65% de estos casos, las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas: 95 mujeres por sus esposos o novios y 56 por sus exposos o exnovios. Entonces, ¿a cargo de quién quedan estos niños y niñas?

• Ley de pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado

Se trata de un proyecto impulsado por La Casa del Encuentro, que busca facilitar a los familiares de las víctimas la posibilidad de tener la tenencia de los niños y niñas cuyas madres fueron asesinadas por su pareja.

La iniciativa contempla que los familiares de los menores puedan pedir su custodia y que el victimario pierda de manera automática la tenencia. Además, habilita a los familiares a hacer todo tipo de trámites desde lo legal y también, algo fundamental, hace a la contención afectiva de estos chicos y chicas.

• Ley Brisa

Brisa Barrionuevo tiene tres años. Desde 2015, integra la lista de 2.518 chicos que, entre 2008 a octubre de 2016, quedaron sin mamá producto de un femicidio en Argentina.

La mamá de Brisa, Daiana Barrionuevo, fue asesinada a golpes y luego arrojada al río en una bolsa de basura.

El papá de Brisa, quien es además el femicida, fue detenido en enero, y desde entonces, la pequeña y sus dos hermanos, Elías y Tobías, conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos, y debe afrontar una economía del hogar que se multiplicó de un día para el otro.

Lo que propone el proyecto de ley Brisa es garantizar una ayuda económica mensual para niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios.

"Intentamos tratarlo sobre tablas, pero es muy difícil", dijo a ámbito.com Jaime Linares, senador nacional por el GEN e impulsor del proyecto en el Congreso.

Linares remarcó que la iniciativa "no es un subsidio", sino que "plantea una reparación" en función de los derechos de los menores, y que "no es incompatible con otras asignaciones que pueden tener los chicos".

Dicha reparación sería equivalente a una jubilación mínima, y de acuerdo al proyecto, se cobraría hasta los 21.

• Implementación de la figura del Defensor del Niño

Si bien la figura que garantiza el acceso a la Justicia de menores fue aprobada por el Congreso, el cargo está vacante desde el 2005 cuando se sancionó la ley 26.061, de protección integral de los derechos de niños, niñas, y adolescentes.

En su texto, la ley establece que "el Defensor deberá ser designado dentro de los 90 días de sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo". Pasaron 11 años, y sin embargo, los niños y niñas aún no tienen quien los defienda.

Según explicó Olivia Minatta, abogada y miembro del área Derechos Económicos Sociales y Culturales de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la importancia del Defensor del Niño radica en que "se trata del único órgano específico encargado de controlar el sistema de protección integral a la niñez".

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Entre sus competencias, explicó Minatta en diálogo con ámbito.com, figuran las de "demandar judicialmente al Estado o a particulares cuando detecta casos de violación en materia de derechos de la infancia". "También tiene la obligación de informar, a través de un reporte anual que debe ser presentado ante el Congreso, la situación de la niñez en Argentina", añadió la abogada.

El procedimiento para la designación del Defensor del Niño requiere de la conformación de una comisión bicameral, es decir, compuesta por representantes de ambas cámaras del Congreso.

Si bien la creación de dicha comisión fue dispuesta por dos resoluciones aprobadas por la Cámara de Senadores y de Diputados en fecha 28/11/2012 y 07/11/2013 respectivamente, sólo se encuentran designados los representantes de la Cámara baja.

ACIJ intentó comunicarse con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para que en carácter de su función nombre a los legisladores faltantes, pero no obtuvo respuesta.

"La razón por la demora en la implementación del Defensor del Niño es política: ningún Gobierno quiere tener un órgano de control, menos si debe dar cuenta de la deuda del Estado en materia de derechos de la infancia", argumentó Minatta.

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