Dispuesto a radicalizar su oposición al gobierno nacional y respaldado por el Grupo Clarín, Jorge Lanata ha realizado varios viajes en los últimos meses a Estados Unidos para coordinar con los fondos buitre acciones que puedan perjudicar la posición argentina en el litigio por el canje de deuda.

La primera aparición del trabajo en conjunto entre la estrella del Grupo y los buitres encabezados por Paul Singer se vio en su propio programa, Periodismo Para Todos, cuando entrevistó al abogado de los defendidos por el juez norteamericano Thomas Griesa, que desean arrancarle al Estado argentino una ganancia del 1.600%.

En esa oportunidad, se lo vio a Lanata condescendiente con la posición buitre, sin realizar repreguntas incómodas y aclarando que estos fondos no se manejan por imperativos éticos, pero que eran los únicos que iban a poder exponer la corrupción kirchnerista en desmedro de la labor de la justicia argentina.

"Gracias al trabajo que usted y el fiscal Campagnoli han hecho, nos dimos cuenta de que había entidades en Estados Unidos que podrían estar involucradas en un esquema muy serio de lavado que incluye dinero que habría pertenecido al gobierno", lo felicitó Robert Cohen, abogado de Singer, en la nota emitida por Canal 13 el 5 de octubre.

Por estas semanas, Lanata está en Estados Unidos dando charlas junto al padre del carriotista Martín Lousteau y auspiciado por los think tanks de derecha del anticastrismo de Miami, mientras intenta meterse en la causa que tramita un juez de Nevada a petición de los fondos buitre.

En ese marco, el Grupo Clarín había prometido desde el fin de semana pasado que el viernes 12 iba a haber una gran revelación por parte del magistrado norteamericano Cam Ferenbach con respecto a supuestas empresas fantasmas de Lázaro Báez.

Nada de eso sucedió. Apenas si el juez aceptó que Lanata se sumara al equipo de profesionales que defiende la posición buitre ante su tribunal.

Lo contó la propia corresponsal de Clarín en Estados Unidos, Ana Barón: "Theresa Haar, la abogada de Lanata, argumenta que el periodista siguió el caso desde un principio, contribuyó a que los fondos buitre pudieran identificar a las empresas y que tiene lógicamente un interés especial en el caso. "A través de sus investigaciones, Lanata descubrió la actividad ilegal financiera de Lázaro Báez y el lavado de dinero para encubrir fondos argentinos", dice el escrito. Más aún, el escrito dice que "como resultado del periodismo de investigación de Lanata, NML (el fondo buitre de Paul Singer) logro identificar y localizar un número de corporaciones fantasma que pueden proveer acceso a los activos que están buscando, incluyendo las 123 compañías en Nevada"".

El propio Lanata lo admitió ante las cámaras de Canal 13, el viernes, cuando tuvo que salir a subirle la cotización a lo poco que había logrado ante la gran expectativa que sus empleadores habían adelantado: "Habilita a nuestros abogados, más los abogados de los fondos buitre, a poder discutir qué información puede darse a conocer y cuál no porque perjudicaría la marcha de la investigación. El abogado podrá contarnos a nosotros el fondo de esta cuestión. A mediano plazo, estamos habilitados para saber todo. Hoy, sólo una parte, la que nuestros abogados y los de los fondos buitre vean que se puede dar a conocer".

En Clarín de hoy domingo, Lanata intenta justificar su accionar amparándose en el Código de Estados Unidos: "Decidimos presentarnos en la causa invocando el artículo 1.782 del US Code: si un particular en otro país puede ser objeto de una demanda judicial y le sería de utilidad para defenderse contar con información que obra en una causa judicial en los Estados Unidos, podrá contar con ella. Era nuestro caso: al poco tiempo de difundido el primer  programa de la ruta del dinero K, Lázaro nos amenazó pública y privadamente con iniciarnos acciones judiciales. Para defendernos, necesitamos probar que esa ruta es la ruta del lavado".

Sin embargo, la periodista Silvia Pisani, en La Nación, ayer, relativizó el entusiasmo de Lanata: "La justicia de Nevada comenzó a debatir ayer la posibilidad de difundir los datos que contiene sobre la llamada "ruta del dinero K", que permanece protegida bajo un paraguas de confidencialidad. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las partes, resolvió postergar una definición.

La única medida efectiva que adoptó fue permitir que el periodista Jorge Lanata, en aras del "interés público", tenga participación en el debate y en la decisión de dar a conocer la información que permanece protegida bajo un paraguas de confidencialidad.

El esquema por el que se tomará esa decisión no está del todo claro. Pero difícilmente ocurra antes del próximo 16 de enero, fecha que se fijó para la presentación de nuevos argumentos por escrito.

Fue el dato más notorio en una audiencia que había levantado enorme expectativa y que el juez Cam Ferenbach se encargó de recortar desde el comienzo. "No estamos hoy aquí para considerar los méritos de la causa ni tampoco para tomar decisiones", arrancó.

"No queremos que esto se convierta en un circo" para periodistas, argumentó Kent Woods, el abogado de MF Nevada y de Patricia Amunategui, su única empleada y posible testigo clave del proceso".