Por qué causa -preguntaron- se ha designado como jefe del proyecto de estudio al dirigente del PRO y ex fiscal general de la Ciudad

El día 9 de septiembre pasado, los abogados porteños eligieron a su representante en el Consejo de la Magistratura: ganó la lista encabezada por Adriana Donato y Germán Garavano, con el auspicio de Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital y dirigente del PRO.

Ex ex fiscal general de la Ciudad ligado al PRO, Garavano está involucrado en una denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri.

Los legisladores de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro denunciaron al jefe de Gabinete porteño por adjudicar en forma irregular un convenio por más de 2,2 millones de pesos con la Universidad Austral para realizar un estudio.

El estudio estará a cargo precisamente de Germán Garavano, futuro integrante del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de evaluar el desempeño de los jueces.

"Queremos que Horacio Rodríguez Larreta nos explique por qué para contratar a un funcionario de su riñón por cifras millonarias se recurre a una contratación directa de 2.214.000 pesos, y si se evaluó la aptitud de otras instituciones públicas de la Ciudad", explicó Paula Oliveto Lago en declaraciones al diario Tiempo Argentino.

El 30 de junio pasado, mediante la resolución Nº 581/14, el jefe de Gabinete porteño encomendó a un grupo de investigación de la Universidad Austral, dirigido por el ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, ligado al PRO y al gobierno porteño, realizar "un estudio preparatorio de las transferencias de los organismos nacionales con jurisdicción en materia penal y en seguridad urbana, a la Ciudad".

"Por qué causa -preguntaron- se ha designado como jefe del proyecto de estudio al dirigente del PRO y ex fiscal general de la Ciudad, si por la interrelación del inciso c) del artículo 6º (sujetos comprendidos y conflictos de intereses), artículo 7º (incompatibilidades) y artículo 9º (plazo) de la Ley de Ética Pública Nº 4895, no puede ejercer tal actividad hasta un año después de su egreso".

Para el legislador Ferraro, "una vez más se obvian los procedimientos correctos para contrataciones de semejante magnitud, más teniendo en cuenta que la Ciudad tiene organismos públicos con personal idóneo y recursos necesarios", señaló en referencia al Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Metropolitana o la Facultad de Derecho de la UBA.