ENTREVISTA

“Amenazar al Estado con mandarlo a default o poner en desacato es un delito de extorsión”

En Orsai entrevistó al titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, sobre el rol que puede desempeñar el organismo para contrarrestar el accionar de los fondos buitre. La investigación del negocio inmobiliario ligado al narcotráfico en Nordelta y el estado de megacausas que involucran a Clarín y La Nación.

“Amenazar al Estado con mandarlo a default o poner en desacato es un delito de extorsión”

Diego Bocchio // Martes 09 de septiembre de 2014 | 19:01

La oposición pide la derogación de la ley antiterrorista no por lo malo que pueda tener, sino por lo bueno, que es la posibilidad de atacar al poder económico que ha desestabilizado gobiernos

De extensa trayectoria militante, José "Pepe" Sbatella, antes de asumir la jefatura de la Unidad de Información Financiera (UIF), se desempeñó al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a la que renunció en disconformidad con el aval oficial a la fusión de Multicanal con Cablevisión. Entrevistado por En Orsai, explica el rol que puede desempeñar la UIF para contrarrestar el accionar de los fondos buitre, así como el estado de megacausas que salpican a actores poderosos de nuestro país.

 

¿La UIF logró avances concretos frente a los “delitos de guante blanco”?

- Los delitos económicos, de guante blanco, han sido una especie de castigo bíblico en la Argentina; y es un tema pendiente que cese la impunidad: hay procesos que han durado 14 años y la tendencia ha sido a la prescripción. Actualmente hay una coordinación entre los entes reguladores (AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros) que posibilita que sea más fácil seguir el camino del dinero. Nuestro trabajo de prevención consiste en elevar el riesgo de hacer operaciones ilícitas. Pasamos a tener 350 colaboraciones directas con los jueces y estamos como querellantes en 50 causas. Hemos congelado fondos a alrededor de 70 terroristas de Estado prófugos, que se apropiaron de bienes de detenidos desaparecidos. Todo este trabajo nos ha dado credibilidad internacional, nos permitió salir de las sanciones del GAFI y tener una voz con autoridad en el G-20.

 

La Ley Antiterrorista fue justamente un pedido del GAFI ¿Se puede avalar modificarla o incluso derogarla, como acaba de volver a plantear parte del arco opositor?

- Creo que en esta cuestión hay mucho desconocimiento. Uno no puede creer que la oposición tenga buena intención en estas cosas, en realidad lo que busca es cómo paralizar al Estado. Lo que ha hecho el Estado argentino desde 2003 hasta acá es ir tomando progresivamente el poder de policía que le corresponde y hacerlo de forma ordenada y coordinada. Cuando se derogó en 2002 a pedido del FMI la Ley de Subversión Económica fue para garantizar impunidad al sistema financiero por las estafas que hicieron en 2001. Esta nueva legislación vuelve a instalar la posibilidad de penalizar las acciones de terrorismo económico, como el golpe de mercado de 1989 para voltear a (Raúl) Alfonsín o lo que sucedió en la salida de la convertibilidad de 2001. Hoy Argentina tiene una legislación por la cual a quien comete un delito económico con el agravante de facilitar la situación de aterrorizar a la población, se le duplica la pena y la UIF tiene la atribución de congelarle inmediatamente los fondos a todos los que están poniendo dinero financiando el delito de aterrorizar a la población. Amenazar al Estado con mandarlo a default o declararlo en desacato es un delito de extorsión. Si ese delito original tiene como agravante un intento de aterrorizar a la población, inducirla al saqueo o impedir que el Estado pague deuda, por ejemplo, todos los que ponen plata para materializar ese hecho están financiando terrorismo.

 

 

Advertencia a los buitres

 

Por lo que dice, la ley ya es aplicable a los fondos buitre

- Es la visión que nosotros tenemos, está en el código penal y esto tiene que ser avalado por los jueces.

 

¿Se hizo alguna presentación en ese sentido?

- Hay un instrumento que está y que se puede usar, pero tiene que ver también con el escenario internacional.

 

¿Pero por qué no se aplica ya, cuando está muy claro el accionar de los fondos buitre y pesa la amenaza de desacato de Thomas Griesa?

- Acá hay una conducción política que está mirando todo el escenario. Lo que digo yo es que hay un instrumento que está y se podría usar. Pero entra a jugar también el grado de respaldo internacional y la posibilidad de graduar, manejar los tiempos.

 

¿Descarta de plano cambios en la Ley Antiterrorista?

- La experiencia histórica de mi generación marca que la derecha cuando hizo los golpes militares barrió con todo lo escrito. No hay que tener miedo de usar esta ley, no se puede castrar uno en el uso del poder por si cambian las relaciones de fuerza en el futuroLos opositores piden la derogación no por lo malo que puede llegar a tener la ley, como un hipotético uso abusivo contra los sectores populares, sino por lo bueno, que es la posibilidad de atacar la estructura del poder económico que ha desestabilizado a gobiernos democráticos. La derogación es pedida por connivencia con los sectores de poder. Esto lo demuestra la cantidad de editoriales que nos dedican recurrentemente Clarín y La Nación. Es que la legislación que aplicamos afecta directamente sus intereses. La ley de lavado abarca delitos que generaron dinero y no prescribieron. La historia argentina tiene más de 600 causas por expropiación de dinero a detenidos desaparecidos. Una de las más importantes es Papel Prensa. Para nosotros es dinero proveniente de un ilícito penal. Si se aprueba como delito de lesa humanidad, nosotros hemos pedido entrar como querellantes: a los dueños de Clarín y La Nación les cabe la denuncia de autolavado y el decomiso de los bienes generados por ese delito.

 

 

Lavado, de Nordelta a la calle Piedras


¿Cómo marcha la investigación por lavado de dinero detrás de operaciones inmobiliarias en Nordelta?

- Se trata de una investigación a la mafia del narcotráfico que opera en Argentina proveniente de la apertura indiscriminada de los 90. Actualmente la mayoría de los narcos involucrados ya están imputados en causas concretas.

 

En cambio, la megacausa por lavado de directivos de Clarín a partir de la denuncia de un “arrepentido”, el ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu, lleva ocho años sin resultados...

- Ahí hay un problema de connivencia y de lentitud de la Justicia en esos delitos. Estamos luchando con los tiempos...

 

¿No hay horizonte de resolución entonces?

- Puede ser que cambie.

 

Sbatella, ¿la UIF logró avances concretos frente a los “delitos de guante blanco”?
- Los delitos económicos, de guante blanco, han sido una especie de castigo bíblico en la Argentina; y es un tema pendiente que cese la impunidad: hay procesos judiciales que han durado 14 años y la tendencia ha sido a la prescripción. Actualmente tenemos toda una coordinación entre los entes reguladores (AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros) que posibilita que sea más fácil seguir el camino del dinero. Nuestro trabajo de prevención del lavado consiste en elevar el riesgo de hacer operaciones ilícitas. Pasamos a tener 350 colaboraciones directas con los jueces y estamos como querellantes en 50 causas. Hemos congelado fondos a alrededor de 70 terroristas de Estado prófugos, que se apropiaron de bienes de detenidos desaparecidos. Todo este trabajo nos ha dado credibilidad internacional, nos permitió salir de las sanciones del GAFI y tener una voz con autoridad en el G-20.
Oportunamente la Ley Antiterrorista fue justamente un pedido del GAFI ¿Se puede avalar modificarla o incluso derogarla, como acaba de volver a plantear parte del arco opositor?
- Creo que en esta cuestión hay mucho desconocimiento. Uno no puede creer que la oposición tenga buena intención en estas cosas, en realidad lo que busca es cómo paralizar al Estado. Lo que ha hecho el Estado argentino desde 2003 hasta acá es ir tomando progresivamente el poder de policía que le corresponde y hacerlo de forma ordenada y coordinada. Cuando se derogó en 2002 a pedido del FMI la Ley de Subversión Económica fue para garantizar impunidad al sistema financiero por las estafas que hicieron en el 2001. Esta nueva legislación vuelve a instalar la posibilidad de penalizar las acciones de terrorismo económico, como los golpes de mercado que se llevaron adelante contra dos gobiernos radicales, en 1989 volteando a (Raúl) Alfonsín o en la salida de la convertibilidad de 2001. Hoy Argentina tiene una legislación por la cual a quien comete un delito económico con el agravante de facilitar la situación de aterrorizar la población u obstruir al Estado, se le duplica la pena en el mínimo y en el máximo. La UIF tiene la atribución de congelarle los fondos inmediatamente a todos los que están poniendo dinero financiando el delito de aterrorizar a la población. Amenazar al Estado con mandarlo a default o declararlo en desacato es un delito de extorsión. Si ese delito original tiene como agravante un intento de aterrorizar a la población, inducirla al saqueo o impedir que el Estado pague deuda, por ejemplo, todos los que ponen plata para materializar ese hecho están financiando terrorismo.
Por lo que dice, la ley ya es aplicable a los fondos buitre
- Es la visión que nosotros tenemos, está en el código penal y esto tiene que ser avalado por los jueces.
¿Se hizo alguna presentación en ese sentido?
- Hay un instrumento que está y que se puede usar, pero tiene que ver también con el escenario internacional.
¿Pero por qué no se aplica ya, cuando está muy claro el accionar de los fondos buitre y pesa la amenaza de desacato de Thomas Griesa?
- Acá hay una conducción política que está mirando todo el escenario. Lo que digo yo es que hay un instrumento que está y se podría usar. Pero entra a jugar también el grado de respaldo internacional y la posibilidad de graduar, manejar los tiempos.
¿Descarta de plano entonces cambios en la Ley Antiterrorista?
- La experiencia histórica de mi generación marca que la derecha cuando accedió al poder barrió con todo lo que estaba escrito. No hay que tener miedo de usar esta ley contra los enemigos, no se puede castrar uno en el uso del poder, por si cambia la relaciones de fuerza en el futuro.
La cuestión es que los opositores piden la derogación no por lo malo que puede llegar a tener la ley, como un hipotético uso abusivo contra los sectores populares, sino por lo bueno, que es la posibilidad de atacar la estructura del poder económico que ha desestabilizado a gobiernos democráticos. La derogación es pedida por connivencia con los sectores de poder. Esto lo demuestra la cantidad de editoriales que nos dedican recurrentemente Clarín y La Nación. Es que la legislación que aplicamos afecta directamente sus intereses. La ley de lavado abarca delitos que generaron dinero y no prescribieron. La historia argentina tiene más de 600 causas por expropiación de dinero a detenidos desaparecidos. Una de las más importantes es Papel Prensa. Para nosotros es dinero proveniente de un ilícito penal. Si se aprueba como delito de lesa humanidad, nosotros hemos pedido entrar como querellantes: a los dueños de Clarín y La Nación les cabe la denuncia de autolavado y el decomiso de los bienes generados por ese delito.
Lavado de dinero, de Nordelta a Vicente López y la calle Piedras
¿Cómo marcha la investigación por lavado de dinero detrás de operaciones inmobiliarias en Nordelta?
Se trata de una investigación a la mafia del narcotráfico que opera en Argentina proveniente de la apertura indiscriminada de los 90. Actualmente la mayoría de los narcos involucrados ya están imputados en causas concretas.
En cambio, la megacausa por lavado de directivos de Clarín a partir de la denuncia de un “arrepentido”, el ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu, lleva ocho años sin resultados...
- Ahí hay un problema de connivencia y de lentitud de la Justicia en esos delitos. Estamos luchando con los tiempos...
¿No hay horizonte de resolución entonces?
- Puede ser que cambie.
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