La decisión del oficialismo de avanzar el próximo miércoles primero de octubre en la Cámara de Diputados del postergado debate para convertir en ley el unificado nuevo Código Civil y Comercial que ya tiene media sanción del Senado, desató la reacción opositora que se encolumnó detrás de un cuestionamiento “reglamentario” esgrimido desde la UCR para boicotear su tratamiento.

Lo que tradujeron en una misiva envidada al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, que suscriben desde el PRO y el massista Frente Renovador hasta el trotskista Frente de Izquierda y los Trabajadores, pasando por todas las bancadas que integran el interbloque del FAUnen y otros bloques menores como la Unidad Popular de la CTA opositora y el monobloque FE, que responde al moyanista jefe de los peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas.

Los opositores exponen allí, que el dictamen elaborado por la Comisión Bicameral especial -que el Congreso creó para discutir el nuevo código- fue modificado en el recinto del Senado, por lo cual el tema tiene que ser tratado nuevamente en comisiones legislativas o en caso contrario deberá contar con dos tercios de los votos en Diputados para poder convertirla en ley. Algo que el oficialismo y sus aliados no alcanzar a reunir.

Claro, que luego de ir modificando su estrategia de boicot a lo largo de la jornada del miércoles. El primero de los argumentos surgidos desde el bloque radical que dirige Mario Negri, fue aducir que cómo el dictamen (aprobado en el Senado en noviembre de 2013) había sido aprobado antes del recambio legislativo de 2013, el dictamen había perdido estado parlamentario.

Desde el oficialismo surgió rápidamente la réplica. Insistieron en que la conformación de una comisión bicameral para tratar el tema, implica un procedimiento excepcional que no está sujeto a los reglamentos que cada Cámara del Parlamento establece por separado. El propio reglamento de la Bicameral (creada para tratar el Código) especifica que la misma emitirá un dictamen único para ambas Cámaras, que luego seguirán el trámite legislativo habitual en la que hay una Cámara de origen (en este caso el Senado) y una revisora (Diputados), con las modificaciones que cada una de ellas pueda introducir.

Además de desempolvar la llamada Ley Olmedo que establece la vigencia de los proyectos parlamentarios  por dos años, con una prórroga de un año más en caso de que tenga media sanción de una de las Cámaras (en la que entraría el Código). Pero que  también especifica que no caducan los proyectos referidos a Códigos y tratados internacionales. Lo mismo que sucedió con la Bicameral que elaboró el Digesto Jurídico (que Diputados aprobó en noviembre de 2012 y el Senado convirtió en ley este año) sin que hubiera ninguna objeción opositora.

Caído el remanido argumento del trámite Express -después de tres años de tratamiento parlamentario, tras la elaboración del texto elaborado por juristas de todas las tendencias políticas que encabezó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que se puso en discusión por la Bicameral en 14 audiencias públicas a lo largo de todo el país en 2012 con cientos de exposiciones que generaron las modificaciones que el Senado introdujo en su tratamiento- la oposición se vuelve a abroquelar en una escusa reglamentaria para boicotear le proyecto.

Una iniciativa que aspira a consolidar en un nuevo Código toda la ampliación de derechos que el Parlamento amplió en los últimos años, y que van desde el matrimonio igualitario hasta la defensa de los intereses de usuarios y consumidores. Y cuya sanción unifica la resistencia desde la derecha neoliberal hasta el trotskismo.

De todas maneras, el oficialismo ratificó la convocatoria a la sesión del miércoles primero de octubre, donde buscará convertirla en ley. A pesar de la negativa de  todo el arco opositor, más interesado en la campaña presidencial de 2015 que en ratificar los derechos de los ciudadanos.