Desde pasarles pos arriba con una topadora, hasta armar instancias de participación ciudadana, hablan los proyectos al respecto de urbanizar las villas. Harían falta tres variables, dinero, decisión política y consenso, pero parece que esto está demasiado lejos.

Será que hablar de urbanización de villas nada dice de las personas que allí viven. Puede representar un muy precario edificio de tres pisos, como una torre de pizza del subdesarrollo, asomando en la Villa 31, y permitir que esa imagen tape la idea real de seres humanos que allí se levantan, comen, vuelven cansados del trabajo y duermen. Por no hablar de los niños o la droga.

Los proyectos mas elevados están siempre fuera del gobierno. Incluso Mauricio Macri tenía fantásticas propuestas para solucionar el problema (de la gente, no de las villas), pero al tomar posesión del cargo de jefe de Gobierno sólo encontró una topadora como herramienta de diálogo.

Así se paró a la entrada de la Villa 31 y debió recular ante la organización de los vecinos. Algo similar ocurrió en la ocupación del Parque Indoamericano, donde sólo los tiros y el amedrentamiento lograron parar una toma.

Hay una idea que parece retornar a la conciencia colectiva cada vez que se habla de problemas estructurales, como lo es la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, y es aquella que indica que todo esto acaba de empezar. Como si una urticaria no fuera en verdad sólo la reacción a una afección más profunda.

Probablemente tenga algo que ver con la ocupación del Parque Indoamericano, o la proliferación de asentamientos, o la reproducción exponencial de la población de una villa, el hecho de que haya 170 mil personas sumergidas en la mas absoluta miseria en la Ciudad de Buenos Aires.

Y que este plato de gourmet, que se atraganta en la credulidad del ciudadano bien pensante, sea sazonado por la sistemática baja en el presupuesto para vivienda por parte del gobierno de Mauricio Macri. Siendo además, según Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP), la ciudad con mayor recaudación per cápita del país.

LA CUENTA DE LOS POBRES

El instituto para la vivienda de la Ciudad (IVC) es el encargado de velar por los proyectos de urbanización y con más profundidad, de la reconversión de esas situaciones de vivienda precaria en una vida sustentable (como se le dice ahora a la dignidad).

Pero, los datos muestran que el IVC subejecuta su presupuesto al mismo ritmo que Macri lo recorta cada año.

"A pesar de ser la ciudad con mayor recaudación per cápita del país, no hay una política intensa por parte del gobierno de Macri para resolver la cuestión habitacional, sino todo lo contrario. El nivel de subejecución es lamentable", destacaron desde el GEENaP y agregaron que, "durante 2009, 2010 y 2011 se ejecutó aproximadamente la mitad del presupuesto asignado".

Además la investigación del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular indicó que "los restantes años de la gestión de Macri también fueron signados por la falta de uso de la totalidad de las partidas, con niveles de ejecución de 82 por ciento en 2008, 72% en 2011 y 85% en 2013".

En la Ciudad se aprobó la emergencia habitacional en 2001 y se extendió varias veces en busca de, sobre todo, postergar desalojos.

Según el estudio Sin Vivienda para los más Vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, “el 4 diciembre de 2008, la Legislatura porteña, aprobó la Ley 2973 por la cual extendía la emergencia hasta octubre de 2010, obligaba al Poder Ejecutivo a presentar un plan para subsanar el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, ONGs y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en febrero de 2009, esta ley (N°2973) fue vetada. En esta oportunidad, el Jefe de Gabinete (Horacio Rodríguez Larreta) declaró en una entrevista radial: “Vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno”, y agregó “Se evalúa caso por caso, no hay una solución única. Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”.

Asimismo, indicaron que, “el boom inmobiliario de la construcción es liderado por edificios de lujo y vivienda para los sectores de mayores recursos (un 75% de la construcción total de edificios nuevos es de la más alta categoría) sin que se satisfaga a los sectores medios o de bajos recursos”.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano informó que en los últimos años “se verificó un ininterrumpido crecimiento de la superficie solicitada para construir en la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo motorizado fundamentalmente por la edificación de viviendas de primera categoría, orientadas a sectores de altos ingresos, que generalmente no necesitan el acceso al crédito para la adquisición de inmuebles”. Además, agregó que “la misma estuvo concentrada en muy pocos barrios de la Ciudad, entre los que se destaca Palermo, Caballito, Villa Urquiza y Puerto Madero”.

A la par, los datos del último censo estiman que la población en villas en la Ciudad creció el 52 por ciento entre 2001 y 2010. Lo que significa que, mientras el país se recuperaba y el consumo y el empleo volvían a tener vida, los sectores postergados siguieron allí, postergados.

El citado estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, indicó en 2012 que, “las competencias de los organismos responsables son confusas, superpuestas discrecionales. El organismo legalmente responsable de la política habitacional en la Ciudad –IVC- en los últimos años no contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias para paliar la grave crisis habitacional que enfrentan los habitantes de las villas”.

La asociación precisó que en ese entonces el IVC tenía un presupuesto de poco mas de siete millones de pesos y que realizaba tareas de concientización, culturales y deportivas. Bien lejos de las grandes reformas de infraestructura necesarias para resolver el problema de fondo.

PORQUE LOS POBRES NO LE CREEN A LA JUSTICIA

Desde 1967 a la actualidad hubo cuatro organismos distntos creados para resolver la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Municipal de la Vivienda, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, PROSUR Hábitat y la Secretaría de Hábitat e inclusión. Cada una de ellas con subprogramas y direcciones. Nada se hizo.

Desde 2000 a esta parte hubo no menos de seis leyes sancionadas para articular acciones e las distintas villas de la Ciudad con el fin de paliar la crisis habitacional. Ninguna se cumplió.

Incluso, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó la política pública en materia de vivienda llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, “encontró que las políticas públicas de emergencia habitacional llevadas adelante por el GCBA eran constitucionalmente insuficientes e inadecuadas. Agregó, en línea con el presente análisis, que las políticas llevadas adelante por el GCBA no cumplían con lo vigente en la Constitución o los distintos tratados internacionales. Asimismo, se afirmó que existía una falta de efectividad en la asignación de los recursos destinados a paliar la emergencia habitacional”, indicó el estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Pero una vez mas, nada cambió. Nadie se acordó de los pobres sino hasta que dicen basta.

Del análisis de las políticas llevadas adelante por el GCBA, -dice el estudio Sin Vivienda para los más Vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires-  concluimos que la situación de emergencia habitacional no es una situación coyuntural actual, sino el resultado situacional de un proceso”.

Las causas son claras dice el análisis de la Asociación Civil: Desarticulación y desmembramiento de los organismos públicos que trabajan hábitat en la Ciudad de Buenos Aires; falta de coordinación entre organismos encargados de la problemática habitacional y falta de diálogo interjurisdiccional; regresividad presupuestaria: En la asignación de partidas anuales, y sobre todo los niveles de ejecución de tales partidas decrecen en términos reales año tras año; incumplimiento sistemático de las leyes aprobadas por la legislatura y establecen la urbanización de villas, mejoramiento de complejos habitacionales; adopción de políticas transitorias y provisionales antes que políticas estructurales y definitivas de inclusión urbana; falta de implementación de un banco de tierras estatales para poder atender al déficit habitacional que el mercado no absorbe, cuya creación fue legalmente prevista; falta de regulación de la política de suelo urbano y de propiedad, lo cual favorece su uso especulativo”.

LA CLASE MEDIA Y SU LABERINTO

El Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular realizó un análisis de los programas de acceso a la vivienda para la clase media. Ya fueron citados los datos que configuraban un mapa inmobiliario con un gran accesos (del 75%) para grandes inversiones en barrios caros.

Para el GEENaP, "el Programa Créditos de la Ley 341/964, consiste en el otorgamiento de préstamos hipotecarios a familias y organizaciones integradas por personas de escasos recursos en situación crítica habitacional, para que en forma autogestionada se facilite el  acceso a una vivienda propia".

Sin embargo, expusieron que,  "las partidas para este programa sufrieron sistemáticos recortes finalizando los años con una asombrosa subejecución, ya que en 2008 fue de 79%, en 2009, de 35%; en 2010 y 2011, de 59%; en 2012, de 67%; y en 2013, de 77%".

En tanto, "el programa Crédito a la Primera Vivienda BA, financiado por el IVC en conjunto con el Banco Ciudad, propone préstamos hipotecarios con una tasa de interés más baja que las ofrecidas por el mercado para adquirir la casa propia”, pero "este programa que daría solución habitacional de gran parte de la clase media, sólo se ejecutó en un 84% en 2012 y en un 73% en 2013" destacó el informe.

Además, el GEENaP puntualizó que "de un año a otro, tuvo una drástica reducción del presupuesto asignado que paso de 6,67 millones de pesos a 3,92 millones, lo que representó una caída interanual de 44%".

También precisó que está "el programa Vivienda con Ahorro Previo, que hace hincapié en la presencia del gobierno porteño `en la construcción de unidades en trama urbana, con aporte de tierra y proyecto para personas de nivel medio y bajo, carente de casa propia, que por sus ingresos no puede acceder al mercado inmobiliario libre, ya sea el particular o el bancario".

A pesar de la importancia que tiene este programa, el GEENaP precisó que "a lo largo de la gestión de Macri hubo una reiterada subejecución del presupuesto, que en 2008 fue de 76%; en 2009, de 43; en 2010, de 16; en 2011, de 29; en 2012, de 49; y en 2013, de 77".

Asimismo, subrayó que "en 2013 hubo una reducción de 41% de los recursos destinados a financiar el programa, mostrando la escasa importancia que se le otorga a la provisión de préstamos hipotecarios para el acceso a la primera vivienda".

De acuerdo al informe, otros que corrieron la misma suerte son "Vivienda Porteña" que presentó subejecución de 31% en 2009; cero en 2011, y 50 en 2012; y el "Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas" que tuvo un nivel de ejecución de 76% en 2008; 68 en 2009; 1 en 2010; 31 en  2011; 25 en 2012; y 24 en 2013.

"El Gobierno de la Ciudad administra la jurisdicción del país con mayores ingresos en relación con su cantidad de habitantes y dimensión territorial y aumenta sistemáticamente los impuestos como ABL, patentes, sellos, etc", sostuvo el GEENaP.

Sin embargo, afirmó que "a pesar de contar con cada vez más recursos, recorta partidas de programas esenciales para los sectores medios y populares", y concluyó que "la gestión del PRO en vez de garantizar políticas públicas para facilitar el derecho a la vivienda, responde con violencia y recorte de presupuesto".